Las 83 personas, de las 160 que llegó a tener la embarcación luego de dos rescates en el Mediterráneo, fueron atendidas de inmediato por personal médico y trasladadas a un refugio.
El resto de los migrantes ya había sido evacuado, unos por problemas de salud, y otros por ser menores de edad y mujeres.
La Comisión Europea confirmó hoy que los rescatados por el Open Arms serán reubicados en España, Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo. Luego de completar el desembarco, la nave de la ONG española partió hacia Porto Empedocle, en Sicilia, donde permanecerá hasta que la Fiscalía de Agrigento realice las investigaciones correspondientes, luego que fue ordenada su incautación preventiva.
Durante cerca de tres semanas los migrantes vivieron en la cubierta de la nave, que permaneció varada a 800 metros de la costa de Lampedusa, hasta que la Fiscalía de Agrigento ordenó el martes el desembarco inmediato de los migrantes.
El desembarco de los migrantes del Open Arms estuvo envuelto en una polémica política liderada por el ministro del Interior de Italia, el ultraderechista Matteo Salvini, quien prohibió al barco atracar en puerto de ese país.
La medida fue suspendida el 14 de agosto pasado por el Tribunal Administrativo Regional de Lacio, pero Salvini respondió de inmediato con una nueva orden para prohibir a la Open Arms el ingreso en aguas italianas.
Este martes, sin embargo, el fiscal de Agrigento, en Sicilia, Luigi Patronaggio, ordenó la incautación preventiva de la nave y el desembarco inmediato de los migrantes bajo el argumento de que ‘la situación en el barco es explosiva, y de máxima urgencia’.
Patronaggio sigue una investigación por secuestro iniciada en los últimos días a partir de las quejas presentadas por la organización española Open Arms.
Los magistrados abrieron un proceso contra quien resulte responsable por abuso y omisión de actos oficiales, luego que le fue prohibido al barco atracar en Lampedusa.
El Código Penal italiano establece que ese delito castiga ‘al funcionario público o al responsable de un servicio público, que rechaza indebidamente un acto de su cargo que, por razones de justicia o seguridad pública, o por orden pública o de higiene y salud, debe completarse sin demora’.
Apenas conoció la decisión de la Fiscalía de Agrigento, Salvini manifestó que ‘si alguien piensa en asustarme con otra queja y solicitud de juicio, están equivocados’.