El 21 de enero Estados Unidos confirmó su primer contagio por coronavirus. Fue en Seattle, en la costa Oeste del país, y se trató de una persona que había regresado unos días antes de la región china de Wuhan. El 13 de marzo, Donald Trump anunció la emergencia nacional. No fue hasta el 20 de ese mes cuando se detectaron los dos primeros casos de contagio por coronavirus en las cárceles (en Massachusetts y Georgia).
Estos recintos han estado a menudo en la sombra, a pesar de que los expertos los consideran puntos calientes de la expansión del virus. Ni siquiera hay datos oficiales rigurosos y puntuales. La organización The Marshall Project ha realizado un primer recuento de casos y ha revelado una tasa de contagio cinco veces superior en la población reclusa que en el resto de la sociedad.
Desde que se produjeron los primeros casos en marzo, The Marshall Project está haciendo un seguimiento y recuento de las infecciones por coronavirus y muertes por COVID-19 en las cárceles de Estados Unidos. El último recuento, fechado el 9 de junio, cifraba en 43 967 los presos que habían dado positivo por coronavirus. Según indica la organización en su página web, “se trata de un 8% más que la semana anterior”, un incremento que se debe a que “estados como Texas, Tennessee, Ohio y Michigan han empezado [sólo recientemente] a hacer pruebas masivas en sus cárceles”.
En Estados Unidos se han detectado hasta ahora, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, un total de 2,1 millones de casos de coronavirus, lo que implica una ratio de contagio de 64 casos por cada 10 000 habitantes. En las prisiones del país, donde hay 1,4 millones de personas, la tasa de infección del virus es de 306 casos por cada 10 000 presos, es decir, cinco veces superior.
Las cárceles de Estados como Tennessee o Nueva Jersey, donde se han registrado las tasas de contagio más elevadas, tienen una ratio hasta 20 veces superior a la media del país. En las del primer Estado, la cifra es de 1 456 casos por cada 10 000 prisioneros; en Nueva Jersey, de 1 355 casos. Tras éstos, le siguen: Michigan (1 048), Ohio (996), Connecticut (990) y, algo más alejado, Arkansas (735). A partir de aquí, el resto se halla muy detrás de estas cotas de contagio e incluso hay tres (Idaho, Wyoming y Hawái) no se ha detectado ningún preso con coronavirus.
Si se comparan los datos de las prisiones de Tennessee o Nueva Jersey con otras zonas calientes del país, la situación no mejora en exceso en favor de las prisiones. El condado de Cook, donde está Chicago, es, según la Johns Hopkins, el condado del país con más positivos por coronavirus; también es el segundo más poblado, tras el de Los Ángeles (según el censo de 2019, en Cook viven 5.150.233 personas). Se han contabilizado 85 184 positivos, cifra que supone la existencia de 165,4 casos por cada 10 000 personas. Las cárceles de Tennessee y Nueva Jersey siguen teniendo una tasa entre ocho y nueve veces más elevada.
El dato positivo es que, de los 43 967 casos contabilizados de coronavirus, 25 280 prisioneros ya están recuperados. En cuanto a la tasa de mortalidad, es de 1,18%; más o menos en las cotas habituales de este virus. Además, todo indica que la tasa final será más baja que ese porcentaje puesto que muchos Estados no han culminado aún las pruebas masivas de detección. La primera muerte conocida por COVID-19 de un prisionero fue la de Anthony Cheek, que murió el 26 de marzo en el Estado de Georgia. Cheek, que tenía 49 años, había sido recluido en la prisión estatal de Lee, cerca de la localidad de Albany, un punto caliente de la enfermedad. Desde entonces, al menos otros 521 presos han muerto por causas relacionadas con el coronavirus.
En Estados Unidos hay dos tipos de cárceles: por un lado, las federales (dependientes del gobierno de la nación) y estatales (gestionadas por los 50 Estados) y, por el otro, las prisiones locales y los correccionales (ambas, competencia de los municipios). El recuento de The Marshall Project se realiza sobre las primeras instituciones, que albergan a 1,4 millones de personas. En las prisiones municipales (para personas con delitos poco graves o que no han podido pagar la fianza) y correccionales habría unos 725 000 presos. Sobre éstos, ni siquiera existen datos oficiales de contagios ni realizados por ninguna organización que haga un cómputo de los mismos a escala nacional.
Gel alcohólico ilegal y pastillas de jabón a un dólar
Las cárceles, en tanto que entornos cerrados donde se aglutinan muchas personas, son espacios que pueden ser muy propensos a la rápida propagación del virus y más si no se toman medidas. Según denunció el medio progresista Vox en abril, el gel alcohólico desinfectante es ilegal en la mayoría de las prisiones porque puede emplearse para destilar alcohol; en cuanto al jabón, muchas cárceles no lo proveen de forma gratuita a sus presos sino que les cobran un dólar por pastilla.
En las prisiones es a menudo difícil garantizar las medidas de distancia social. Por esta razón, la ONG FAMM, que se opone a el cumplimiento obligatorio de sentencias de prisión mínimas, ha reclamado en diversas ocasiones la liberación de presos con sentencias menores para que cumplan la pena en sus hogares y descarguen así las cárceles de presos. Tan pronto como el 23 de marzo, la FAMM envió una carta a casi 40 000 presos de salud vulnerable para instarlos a que reclamaran su liberación.
“Hay miles de personas enfermas y mayores en las prisiones federales cuya encarcelación no cumple ya un objetivo de seguridad pública. Esa misma población es la más vulnerable al coronavirus. No fueron sentenciados a muerte. Deberían ser liberados inmediatamente”, pidió entonces en un comunicado el presidente de FAMM, Kevin Ring. Sin embargo, la población carcelaria en cinco Estados (Idaho, Iowa, Carolina del Sur, Virginia Occidental y Wyoming) era mayor el 31 de marzo que a finales de 2019.
Y todo esto sucede a pesar de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, recomendó en dos escritos remitidos en marzo y abril a la Oficina Federal de Prisiones que liberaran presos; éstos, tras abandonar la prisión, cumplirían la pena en situación de arresto domiciliario. Según una investigación del medio de investigación ProPublica, para empezar esta orden sólo afectaba a las prisiones federales y no a las estatales ni municipales (en aquéllas hay 226 000 presos, frente a los 1,3 millones de las estatales y unos 725 000 en las cárceles locales). Para terminar, a fecha de 21 de mayo, asegura ProPublica, apenas se habrían liberado 3 050 reclusos de las prisiones federales, ni siquiera el 2% de su población reclusa.
Frente a esto, el colectivo contra el confinamiento solitario de presos Unlock de Box (algo así como Abrid la celda), denuncia que muchas prisiones han actuado a las bravas emprendiendo una huida hacia adelante. Según un informe publicado este mismo mes por dicho movimiento, antes de la pandemia de COVID-19 había 60 000 presos en confinamiento solitario en cárceles federales y estatales; ahora, en respuesta al virus, esa cifra habría alcanzado las 300 000 personas.
Junto a los presos, The Marshall Project estudia también en sus balances los contagios por el virus de trabajadores de dichas instalaciones. De momento, los datos que hay apuntan a 9 180 empleados de prisiones que han dado positivo y apenas 38 muertes confirmadas. Sin embargo, respecto a estos datos, la organización alerta de que “es difícil evaluar cómo se ven afectados los trabajadores de las prisiones porque muchos no se someten a pruebas sistemáticas”.
En la semana más reciente, añade, sólo 20 Estados de los 50 del país han publicado información sobre el número de sus funcionarios que se sometieron a pruebas de coronavirus, sin embargo, “la mayoría de las prisiones resaltan que dicha contabilidad incluye sólo a los empleados que voluntariamente se someten a las pruebas de diagnóstico».
The Marshall Project asegura que “aún se sabe poco acerca de cómo el coronavirus está afectando a estos trabajadores de las cárceles, a pesar de que tienen el potencial de llevarlo tanto a las instalaciones como a sus comunidades», y zanja: «Estos datos sugieren que el virus ha estado circulando por las prisiones en números mucho más elevados ahora que al principio de la pandemia”.
(Tomado del Público)