Más de la mitad de los asesinatos cometidos en 2018 ocurrieron en América Latina, región que ha sido clasificada de forma sistemática como el continente más afectado desde que GW comenzó a publicar datos sobre asesinatos en 2012.
Los sectores que generan más crímenes son la minería, la industria maderera y la agroindustria y el año pasado, ante la disminución del número de muertes en Filipinas y Brasil, el primer puesto en la nefasta lista lo ocupó Colombia con 24 homicidios, advierte GW.
El peor sector fue el de la minería, que causó 43 muertes, aunque también aumentaron las relacionadas con conflictos por fuentes de agua.
En Guatemala crecieron de tres en 2017 a 16 en 2018, una situación que, según un cálculo per cápita, convierte al país centroamericano en ‘el más peligroso del periodo analizado’.
No obstante, este año el mayor número se registró en Filipinas, donde fueron asesinadas por lo menos 30 personas defensoras.
El informe revela cómo innumerables personas fueron amenazadas, detenidas o encarceladas por atreverse a enfrentar a gobiernos o empresas que buscaban obtener ganancias a costa de sus tierras.
‘Se trata de personas comunes y corrientes tratando de proteger sus hogares y formas de vida, y defendiendo la salud de nuestro planeta’, advierte el documento.
Señala que las víctimas son ‘despojadas violentamente de sus tierras, para que otros produzcan bienes, que son usados y consumidos todos los días alrededor del mundo, en forma de alimentos, teléfonos celulares o joyería’.
Subraya GW que la criminalización y las demandas civiles se están utilizando para ‘reprimir’ el activismo ambiental y la defensa de los derechos a la tierra en todo el mundo, incluso en países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido.
Según la ONG, la lucha por la defensa de la tierra y el ambiente criminaliza cada vez más en todo el mundo a los activistas ambientales.
En algunos países el Gobierno está clasificando a las personas defensoras como terroristas o enemigas del Estado.
El estudio documenta por primera vez ‘el uso y abuso de leyes y políticas’ para intimidar a defensores, familias y comunidades.
Aunque el informe recoge datos de 2018, GW apunta que al momento de redactarlo (julio de 2019), ‘hay señales preocupantes de que la situación de los defensores de la tierra y el ambiente empeorará’.
mml