El gobierno peruano presentará hoy un recurso judicial para anular el proceso de vacancia (destitución) iniciado en el Parlamento contra el presidente Martín Vizcarra, por la acusación de mentir sobre una contratación irregular.
El procurador estatal Alberto Huerta presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) el llamado recurso competencial que cuestiona los fundamentos de la vacancia por ‘incapacidad moral permanente’, una vaga y cuestionada causal prevista en la Constitución.
Además, confirmó la ministra de Justicia, Ana Neyra, Huerta pedirá una medida cautelar que bloquee hasta que el TC dictamine sobre la demanda, la sesión parlamentaria convocada para el viernes próximo con el fin de debatir y decidir sobre la destitución.
La medida cautelar se debe a que el tribunal no podrá decidir sobre el tema de fondo antes de ese día y busca impedir que el cese de Vizcarra se produzca antes del fallo del TC.
La contienda jurídica se inicia cuando pierde fuerza el proyecto de vacar al mandatario, en medio del rechazo mayoritario que, si bien cree que Vizcarra debe ser investigado la considera que la vacancia es innecesaria y motivada por ambiciones políticas de sus promotores.
Ese sector acusa al gobernante de confabularse, según un audio que desató la crisis, con sus colaboradores para mentir a la fiscal que investigaba la contratación del cantante Richard Cisneros como consultor del Ministerio de Cultura, sin tener credenciales académicas para ello.
El empeño de cesar a Vizcarra se debilitó desde el poco apoyo que logró el jueves último, cuando el Congreso aprobó con inusitada celeridad la admisión a debate de la moción de vacancia, con los votos de solo 65 de los 130 congresistas, mucho menos de los necesarios para cesar al mandatario.
Además, representantes de las bancadas de los partidos Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP), se pronunciaron contra la bancada y uno de ellos, Daniel Urresti, condenó el intento del presidente del Congreso, Manuel Merino, de contactar a altos jefes militares, lo que el gobierno considera desestabilizador.
Entretanto, en el fin de semana se hicieron públicos audios obtenidos furtivamente que hablan de trajines propios de escándalos de farándula, y que involucran al mandatario, a Cisnersos, a la secretaria general del Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y a la secretaria del presidente, Karem Roca.
El primer ministro, Walter Martos, confirmó anoche la renuncia de Morales y el despido de Roca, esta última señalada como la persona que grabó el audio que más afectad a Vizcarra.
En otra de las grabaciones, Cisneros le dice a una asesora de la comisión congresal que investiga el caso, que espera que Vizcarra le pague el equivalente de cerca de tres mil dólares ‘para después traicionarlo’, aunque se argumenta que la locuacidad del personaje y su afán de figuración lo hacen poco creíble.