Los cinco magistrados del tribunal tenían que decidir si los abogados del exmetalúrgico tuvieron amplio derecho a la defensa cuando el caso fue abordado en abril por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), de menor categoría.
Desde el 7 de abril de 2018, Lula permanece en prisión por supuestamente haber recibido un lujoso apartamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, de la constructora OAS, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera estatal Petrobras.
En febrero, recibió otra condena por las reparaciones que las constructoras OAS y Odebrecht hicieron en una propiedad rural atribuida al exgobernante en Atibaia, Sao Paulo, como pago a presuntos favores políticos. El fundador del Partido de los Trabajadores niega todas las imputaciones.
El año pasado, el ministro Felix Fischer rechazó una petición de absolución de Lula en el proceso del apartamento triplex de Guarujá, que motivó la detención del exsindicalista.
Su defensa pide en 73 páginas la nulidad del proceso y la inmediata libertad del exmandatario. Denuncia que el exjuez Sérgio Moro fue parcial y persiguió a su defendido.
La principal prueba de la actuación política de Moros sería la aceptación del exmagistrado para el Gobierno de Jair Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad Pública.
A lo anterior se suman los reportajes publicados el domingo por el sitio digital The Intercept, basados en audios, email y conversaciones comprometedoras de Moro con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato para incriminar al expresidente.
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