Ciudad de Panamá, 25 jul ( Prensa Latina) El enfrentamiento a la corrupción, principal problema que preocupa a los panameños, según encuestas, tiene hoy sobre la mesa de la Asamblea Nacional (parlamento) dos proyectos de ley por debatir.
El procurador de la Nación, Luis Gómez, presentó ambas iniciativas, una de las cuales adopta la Ley General Anticorrupción, que modifica el Código Procesal Penal, y la otra modifica artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la administración pública.
De acuerdo con el primer proyecto, no será necesario contar con auditoría previa ni refrendo de la Contraloría General para la validez o acreditación de hechos en el proceso penal que por otros medios de prueba se puedan deducir.
La norma prevé que los peritajes y las auditorías necesarias para la acreditación de los hechos delictivos podrán ser practicados por los servidores públicos que presten servicios en entidades estatales, autónomas y semiautónomas, en universidades oficiales, así como los miembros de los entes policiales, o el Instituto de Medicina Legal, conforme al principio de libertad probatoria.
El proyecto de Ley General Anticorrupción también faculta al Ministerio Público a ordenar la aprehensión provisional de bienes relacionados, directa o indirectamente, con las actividades ilícitas, cuando existan elementos que razonablemente permitan presumir su relación con el delito o que puedan ser objeto de comiso.
Sin embargo, la medida deberá ser sometida a control judicial dentro de los 10 días siguientes a su ejecución, a fin de que el juez de garantías evalúe su legalidad, precisa ese texto.
“El proyecto de Ley General Anticorrupción responde a una realidad y necesidad institucional y social impostergable: dotar al Estado panameño de un marco legal robusto, moderno y especializado que permita enfrentar, con proporcionalidad y eficacia, los delitos contra la administración pública “, agregó Gómez.
De otra parte, el segundo proyecto modifica 10 artículos del Código Penal y adiciona uno en el que el Procurador propone que “el servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio o sin prestar el servicio para el cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Ambos planteamientos deben pasar los tres debates obligatorios en el pleno legislativo para luego ser sancionados por el presidente del país, José Raúl Mulino, y finalmente incluirse en la Gaceta Oficial.
A estos proyectos de ley se suma la propuesta presentada por el diputado Edwin Zúñiga, de la bancada independiente Vamos, que busca la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.
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