Manzanillo. Enero 8.- En esta urbe costera como en el resto de Cuba, el proceso de bancarización iniciado a finales de 2022 fue planteado como un puente indispensable hacia la modernidad financiera. Sin embargo, lo que los ciudadanos experimentan a diario no es el cruce fluido de las operaciones, sino los traspiés sobre una estructura a medio construir y llena de obstáculos.
La promesa era clara: eficiencia, seguridad y reducción del engorroso efectivo, lo que para el trabajador estatal, el jubilado o el pensionado se tradujo en una obligación ya que sus ingresos comenzaron a llegar, a una cuenta o tarjeta magnética.
El Estado avanzó en la emisión de estos instrumentos, con cifras nacionales que muestran un crecimiento en las tarjetas y en el porcentaje de salarios pagados por vía digital. No obstante, este avance topó de inmediato con un muro infranqueable en el otro extremo de la transacción:, el gasto. La bancarización se convirtió así en un callejón sin salida donde se ingresa por una vía electrónica, pero se choca contra la persistente muralla del efectivo en los comercios.
Aquí emerge una de las mayores contradicciones del proceso, pues los nuevos actores económicos –cuentapropistas, Mipymes, cooperativas–, que conforman una parte vital del abastecimiento local, se han convertido paradójicamente en un freno y lejos de ser aliados naturales de la digitalización, muchos erigen barreras informales.
Preguntando en la calle sobre el tema, muchos ciudadanos relatan cómo se enfrentan a limitaciones arbitrarias, «solo aceptamos hasta mil pesos en transferencia» o la negativa directa a operar con códigos QR. Esta resistencia no es casual. Para una parte de estos negocios, el «problema técnico» es en realidad un mecanismo cómodo para evadir el registro transparente de sus ventas y, por ende, sus obligaciones fiscales.
Mientras, el ciudadano común, como Alfredo un señor de 63 años, que siempre termina «pidiendo por favor para comprar», girando «como un trompo con la misma pregunta: ¿aceptas transferencia?».
Esta resistencia se ensancha y se nutre de fallas estructurales, ya que la red de cajeros automáticos es escasa y su disponibilidad, por averías o falta de efectivo, no supera el 75 por ciento como promedio nacional. Los frecuentes apagones desconectan no solo los hogares, sino también las radiobases de telefonía, dejando inutilizables aplicaciones como EnZona que dependen de datos móviles.
Este escenario obliga a los habitantes de comunidades aledañas a viajar decenas de kilómetros, pagando pasajes para intentar extraer dinero, muchas veces regresando con las manos vacías. Paralelamente, la crisis económica y la escasez de oferta en moneda nacional han potenciado un mercado informal y negro donde se ofrece el efectivo a cambio de hasta el 10 o 15 por ciento.
Frente a este panorama, la respuesta institucional ha sido una fiscalización que parece insuficiente, se reportan cientos de multas a establecimientos por no usar pasarelas de pago. Según la percepción ciudadana son pocos los establecimientos que operan correctamente.
A casi tres años de su inicio para que avance este importante proceso se requiere mucho más que capacitaciones o emisión de tarjetas. Exige una fiscalización real, constante y con consecuencias sobre la evasión disfrazada; y fundamentalmente, incentivos reales para que a los actores económicos les resulte más rentable y seguro operar dentro del sistema formal que fuera de él.
Mientras estas condiciones no se cumplan, la bancarización seguirá siendo en Manzanillo, más que un símbolo de modernidad, un recordatorio diario de una transición fallida que castiga al ciudadano de a pie y beneficia a unos pocos.