CAMAGÜEY.— Solo por concepto de asistencia social, el Estado cubano le asignó en el actual 2021 a esta provincia, con una población de casi 765 000 habitantes, un presupuesto de 157 millones de pesos, monto que representa más de 93 millones por encima de lo entregado durante el calendario anterior.
Yaniris Hernández Vento, directora provincial de Trabajo y Seguridad Social, explicó que una parte de ese financiamiento se emplea en la atención de las personas declaradas vulnerables por carecer de suficientes ingresos económicos para satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar.
Precisó que, además de las prestaciones monetarias temporales o excepcionales, dicho órgano asume también, de acuerdo con el tipo de problemática social, el pago de otros servicios, como los hogares de ancianos, las casas de abuelos, la alimentación, la asistencia social a domicilio (cuidador) o la entrega de recursos.
Tras la implementación, en enero pasado, de la Tarea Ordenamiento, que conllevó un incremento del pago mensual a los asistenciados, se habilitaron en el territorio 124 oficinas para encauzar los trámites de aquellas personas que se declararan vulnerables ante el nuevo escenario económico del país.
«En todos los casos, puntualizó Yaniris Hernández Vento, los trabajadores sociales son los encargados de realizar, junto a las organizaciones de la comunidad, una evaluación socioeconómica del núcleo familiar y someter luego las propuestas a la aprobación de las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social».
«Es oportuno aclarar, refirió la directora, que la asistencia social protege a los ancianos sin recursos y sin amparo, y a cualquier persona que no esté apta física o mentalmente para incorporarse al empleo y que, además, carezca de familiares obligados en condiciones de prestarles ayuda».
A tono con las transformaciones que en materia económica tienen lugar en el país y bajo el principio de subsidiar personas, no productos, los beneficios de la asistencia social llegan en estos momentos, de una manera u otra, a 10 176 familias camagüeyanas, con lo cual se ofrece protección a más de 16 000 ciudadanos.