Brasilia, 11 ago (Prensa Latina) El juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete acusados por intento de golpe de Estado, tras las elecciones generales de 2022, entra desde hoy en fase decisiva.
Las defensas tienen plazo hasta el miércoles para entregar sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Se acusa al grupo de abolir violentamente el orden democrático en el gigante sudamericano luego de Bolsonaro ser derrotado en urnas ante el actual gobernante Luiz Inácio Lula da Silva.
Entre los imputados hay exministros, militares y exjefes de seguridad del Gobierno anterior (2019-2022), todos alineados con el exmandatario ultraderechista.
La Fiscalía General ya presentó su solicitud formal de condena para los ocho principales implicados.
El juez Alexandre de Moraes, del STF, podrá emitir su voto tras recibir todas las defensas pendientes.
La decisión final se espera en septiembre, cuando el STF podría condenar o absolver a los involucrados.
Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, afirmó que solo cumplía órdenes superiores sin intención golpista alguna.
El juicio forma parte de una amplia investigación sobre los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023.
Aunque por su historia, Brasil nunca figuró como blanco específico de la acción de grupos terroristas, la polarización y el discurso de odio visceral que emanó del poder desde 2019 condujo recientemente a episodios de este tipo.
Partidarios radicales de Bolsonaro disfrutaban de la instalación de campamentos, bajo patente de protestas pacíficas y libre expresión, en ciudades y en especial en Brasilia, contra el resultado de los comicios y la asunción al poder por tercera vez de Lula.
Sin embargo, ese 8 de enero cayó la máscara, la orden fue dada y casi siete mil extremistas bolsonaristas (adeptos del exmilitar y apropiados del color amarillo de la bandera) invadieron y depredaron las sedes del Congreso Nacional, el Supremo y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en esta capital.
El resultado del sonado juicio podría marcar un precedente para la protección del orden constitucional en Brasil.
La corte superior reafirmó que los derechos procesales están plenamente garantizados a todas las partes.
También reiteró su compromiso con el combate a acciones antidemocráticas y la defensa del Estado de Derecho.
El caso sigue siendo uno de los más complejos y sensibles en la historia judicial reciente del país.
Su desenlace será crucial para el equilibrio entre instituciones y la confianza pública en la democracia.
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