Santiago de Chile, 23 jul (Prensa Latina) El Congreso Nacional de Chile rindió hoy cuenta pública sobre su labor legislativa anual, con especial atención a las normativas vinculadas con la seguridad ciudadana y el crecimiento de la economía.
La ceremonia tuvo lugar en la sede del organismo legislativo en la ciudad de Valparaíso y asistieron como invitados el presidente Gabriel Boric, el fiscal general, Ángel Valencia, la contralora, Dorothy Pérez, ministros y otros funcionarios.
Durante su intervención, el titular de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, dijo que en el período comprendido del 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de este año realizaron 137 sesiones de sala, mil 500 de comisiones y se despacharon 116 proyectos de ley.
Entre las normativas más importantes destacó el nuevo sistema mixto de pensiones, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la modernización de la Ley Antiterrorista y el fraccionamiento pesquero entre trabajadores artesanales y la gran industria.
Chile, dijo, atraviesa por una enorme crisis de seguridad, con un aumento de la delincuencia, homicidios, delitos violentos, secuestros y extorsiones y más de la mitad de las personas creen que sufrirán un hecho de este tipo, lo cual los lleva a cambiar sus rutinas por temor.
El Congreso logró avanzar en normas para brindar protección a los ciudadanos, señaló el legislador, e instó a resolver proyectos pendientes como la Ley de Inteligencia, las reglas del uso de la fuerza y la creación de la defensoría de las víctimas.
Por otra parte, afirmó que la incertidumbre económica no es sólo teórica, pues se traduce en una cruda realidad para cientos de miles de familias y ante eso la respuesta es una sola: Chile necesita con urgencia volver a crecer.
Mientras, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, advirtió que la ciudadanía está perdiendo la paciencia ante problemas como la inseguridad y la corrupción.
Al respecto, mencionó los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Políticos según la cual 69 por ciento de los entrevistados consideran que casi todos los trabajadores del sector público están involucrados en actos de corrupción.
Reconoció que 63 de cada 100 entrevistados consideran al Parlamento como la entidad más afectada por ese flagelo.
El senador precisó que los tres desafíos centrales para el órgano legislativo son la modernización de esa entidad, insistir en la agenda de seguridad y escuchar a sus representados con el objetivo de comprender lo que sucede afuera del recinto.
Ambos líderes coincidieron en criticar al gobierno central y otros organismos por la demora en ocasiones para poner en práctica leyes ya aprobadas en las dos cámaras, y que son de beneficio para la sociedad chilena.
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