Quito, 3 nov (Prensa Latina) El mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, convocó para hoy al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para evaluar la estrategia implementada tras los hechos violentos ocurridos principalmente en Guayas y Esmeraldas.
La entidad está integrada por el presidente y vicepresidente de la República, así como las máximas autoridades de la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia.
Además, pertenecen al Cosepe los directivos de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado y los titulares de los ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Policía Nacional.
La reunión prevista para la mañana de este jueves tendrá lugar luego de que el jefe del ejecutivo decretara el martes estado de excepción con toque de queda a partir de las 21:00 horas en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde tuvieron lugar al menos 18 ataques en 24 horas.
En ese periodo se registraron atentados -la mayoría con explosivos- contra unidades de policía, centros de salud, gasolineras y, además, hubo enfrentamientos carcelarios que dejaron dos reos muertos y seis heridos.
Esos hechos ocurrieron en medio de los traslados de más de mil reclusos de la Penitenciaría del Litoral, la mayor del país ubicada en Guayaquil, hacia otros centros carcelarios, lo cual, según las autoridades, es el origen de los crímenes.
El presidente Lasso transmitió anoche un mensaje a la nación en el que informó sobre 53 detenidos como resultado de los operativos de seguridad en los dos territorios donde rige el estado de excepción.
El jefe de Estado señaló que las acciones conjuntas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en cárceles y calles permitieron también incautar 300 toneladas de drogas y desarticular bandas narcodelictivas.
Movimientos políticos y organizaciones indígenas de Ecuador cuestionaron la actuación del gobernante ante la ola violencia que pone en zozobra a toda la nación.
Expertos en la materia alegan que el alza de la delincuencia se debe, entre otros factores, a la escasa inversión pública y social del actual gobierno, lo cual contribuye al aumento de la pobreza y el desempleo, y por tanto, la respuesta al problema no debe ser solo militar, sino integral.