La Paz, 4 abr (Prensa Latina) La líder de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata en Bolivia, Gloria Quisbeth, deploró hoy el estancamiento de un juicio contra la exgobernante de facto Jeanine Áñez por la violencia que caracterizó su mandato.
“Hasta el momento, ella no está siendo juzgada por las muertes durante su gobierno”, afirmó la activista respecto a la violencia desatada en noviembre de 2019 tras la firma del Decreto 4078, con un desenlace de cerca de 40 muertos y cientos de heridos.
Quisbeth expresó “pena” en relación con los familiares de al menos 36 víctimas fatales de armas de fuego en Sacaba, Cochabamba; Senkata, departamento de La Paz y Yapacaní, Santa Cruz.
“No hay juicio de responsabilidades, no hay sospechosos, ni detenidos, ni se identificaron a los responsables de las muertes”, lamentó e insistió en que esos crímenes deben ser esclarecidos por constituir una obligación del Estado.
Subrayó la representante de las víctimas de Senkata que los procesos en la justicia ordinaria instaurados a Áñez guardan más relación con asuntos administrativos.
Insistió en que no abordan la violación de derechos humanos de los muertos y heridos por balas o las detenciones ilegales perpetradas durante su gestión de facto.
Áñez permanece en prisión preventiva a la espera de varias causas penales ordinarias.
En la denominada Golpe de Estado I, enfrenta junto a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, así como a jefes policiales y militares delitos de sedición, conspiración y terrorismo.
Tal expediente incluye los actos de violencia cometidos tras la firma el l4 de noviembre de 2019 del Decreto Supremo 4078 que exoneraba de responsabilidad penal a las fuerzas represivas contra las protestas populares.
A la causa Golpe de Estado II Áñez y altos mandos castrenses concurren acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, relacionadas con la sucesión constitucional para asumir ella la titularidad del Senado y, posteriormente, la del Estado Plurinacional.
El ministro de Justicia, Iván Lima, instó en su momento a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, líderes de las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, respectivamente, a que sus bancadas parlamentarias apoyen el juicio.
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó en octubre de 2020 un informe que recomienda un juicio de responsabilidades a la exmandataria inconstitucional, a 11 ministros de su primer gabinete y a exaltos cargos militares y policiales.
Se les imputan los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
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