Quito, 30 jul (Prensa Latina) La decisión de fusionar el Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas genera hoy cuestionamientos por parte de ambientalistas y colectivos ciudadanos de Ecuador que ven un conflicto de intereses en la gestión de recursos naturales.
Nos preocupa profundamente el retroceso institucional porque la intención del Gobierno es clara: profundizar la explotación petrolera y minera, y acallar a quienes denunciamos estas violaciones, señaló Natalia Greene, de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente.
En rueda de prensa este miércoles, la activista comentó que esa decisión, adaptada por el Ejecutivo como parte de un “plan de eficiencia administrativa” que reducirá los ministerios de 20 a 14, busca subordinar la gestión ambiental a intereses económicos.
En ese sentido, Ricardo Buitrón, presidente del colectivo Acción Ecológica, advirtió que la fusión es parte de una serie de reformas que vulneran derechos sociales y ambientales.
Buitrón aunció la conformación de una Asamblea Nacional Socioambiental para enfrentar estas “políticas nefastas”.
Además, informó que realizarán un plantón el próximo martes 5 de agosto a las 17:00 (hora local) frente a las oficinas del Ministerio del Ambiente, en en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Si bien la secretaria de la Administración Pública y Gabinete, Cynthia Gellibert, encargada del proceso de fusión de ministerios, garantizó que ningún servicio público se verá afectado la preocupación también se extiende a la ciudadanía.
Rocío Bastidas, activista del Cabildo Cívico de Quito, calificó la fusión como una “aberrante decisión” y alertó que los temas ambientales no pueden depender de una entidad centrada en energía y petróleo.
“Es un grave conflicto de interés que pone en riesgo los principios del desarrollo sostenible”, afirmó.
Los colectivos convocantes coincidieron en que la medida vulnera no solo principios constitucionales, sino compromisos internacionales asumidos por el país en materia ambiental.
“El mundo nos está mirando con preocupación”, advirtió Greene.
La semana pasada, Carolina Jaramillo, vocera presidencial, anunció la reestructuración gubernamental, con una reducción de ministerios y con despidos de cinco mil funcionarios públicos que responden a una depuración bajo el argumento de que “obstruían” el trabajo en sus instituciones.
Artistas, indígenas, sindicalistas, políticos y diversos sectores de la sociedad ecuatoriana rechazaron el plan del presidente Daniel Noboa, que según afirman, busca responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI)
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