Catorce organizaciones dedicadas a la trata de personas en lo que va de año, fueron desmanteladas con lo cual se rescataron 150 víctimas en el país, informó el Ministerio de Seguridad (Minseg) de Panamá.
El pasado 29 de junio condenaron a 15 años de prisión a ciudadanos nicaragüenses por explotación laboral, reveló, lo que coincide con denuncias anteriores de tal delito referido a empresas las cuales emplean a migrantes ilegales y los denuncian para su deportación sin pagarles honorarios.
Inspecciones frecuentes realizadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) detectaron múltiples violaciones en la contratación de fuerza de trabajo foránea, en su mayoría personas sin estatus migratorio autorizado, y a esas entidades les aplicaron medidas financieras.
Esta semana, el parlamento aprobó una nueva ley ‘contra los explotadores de la mano de obra extranjera’, que sanciona hasta con diez mil dólares a empleadores que violen lo establecido en la contratación de la fuerza laboral, e incluso la cancelación del permiso de operación para reincidentes.
La contratación ilegal de trabajadores ‘impulsa una competencia desleal, toda vez que explotan la mano de obra extranjera y se enriquecen ilícitamente al evadir pago de impuestos, seguridad social, salario mínimo, entre otros aspectos’, señaló Mitradel en un comunicado.
En los últimos dos años la informalidad laboral aumentó en el país de 463 mil a 583 mil 940 personas, según cifras oficiales, impulsada principalmente por los movimientos migratorios de países como Colombia, Venezuela, Nicaragua, entre otros, aseveró el diario Panamá América.
Una corriente de xenofobia, estimulada por medios de prensa, culpan a los migrantes por la falta de opciones laborales para los nacionales, pero empleadores rebatieron tales planteamientos en varias ocasiones con el argumento de que los panameños solo buscan empleos con altos salarios.
Contra las restricciones a extranjeros para ocupar puestos calificados, se pronunció un estudio de la estadounidense Universidad de Harvard, que lo consideró junto a la baja calidad de la educación, obstáculos para las multinacionales y medianas empresas extranjeras que se asientan en el Istmo.
Tales prácticas ‘presuntamente dirigidas a la protección de los trabajadores panameños, están impidiendo que el país desarrolle la base de habilidades que necesita para seguir diversificando su economía y crecer sostenidamente’, opinó la fuente.