De acuerdo con la asesoría del Palacio de Planalto, citada por la Agencia Brasil, la renuncia ya fue aceptada.
En una nota difundida esta mañana, el exalto funcionario de la Presidencia de la República dijo que sus declaraciones fueron hechas a título personal al periodista después de terminada la entrevista.
Este viernes fueron encontrados muertos, y en su mayoría decapitados, 31 reclusos de la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo. Según el ministro de Justicia Alexandre Moraes, este fue el resultado de un ajuste de cuentas interno entre miembros de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
La masacre en la prisión de Roraima fue la segunda ocurrida en el transcurso de esta semana, pues entre lunes y martes otros 60 convictos fueron ultimados en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (56) y la Unidad de Prisión de Puraquequara (4), ambas en el estado de Amazonas.
Los asesinatos masivos en estas prisiones movieron al Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil (OAB) y sus oficinas en el Amazonas y Roraima a denunciar al Estado brasileño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una nota difundida aquí, la OAB consideró que el Estado brasileño perdió el control de las cárceles, que están en manos de la delincuencia organizada.
Señaló además que el objetivo de la denuncia ante la CIDH es obligar a quienes son los responsables del asunto a tomar medidas para garantizar la aplicación de las leyes y el Estado Democrático de Derecho.
Por otra parte, el representante para Suramérica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra, deploró la creciente crisis del sistema penitenciario brasileño, manifiesta en el asesinato de más de 30 reclusos esta madrugada.
La ausencia de una política penal y carcelaria en correspondencia con las normas internacionales de derechos humanos en Brasil ha sido apuntada, de forma reiterada, por los órganos de las Naciones Unidas, subrayó Incalcaterra en una nota a propósito de la matanza ocurrida hoy en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, en Roraima.
Reclamó además de los gobiernos federal y estaduales que adopten ‘medidas efectivas de prevención de la violencia, incluyendo las ejecuciones sumarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros de privación de libertad, para responder a la situación crónica que el sistema penitenciario brasileño enfrenta’.