Quito, 30 sep (Prensa Latina) El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, denunció hoy ante el Legislativo lo que calificó como hechos de represión estatal, abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto de paro nacional.
El dirigente compareció este martes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, donde se proyectaron videos difundidos en redes sociales que evidenciarían las presuntas vulneraciones durante las protestas de la última semana.
Vargas solicitó a los legisladores iniciar un proceso de juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia durante las manifestaciones.
Junto a la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, pidieron al presidente de, Daniel Noboa, que rinda cuentas por las detenciones arbitrarias y el crimen de Estado contra Efraín Fuerez, quien murió el pasado domingo tras ser baleado en una manifestación.
En declaraciones a la prensa al salir de la Comisión, Vargas señaló que “mientras las bases de todos los pueblos y nacionalidades no nos autoricen lo contrario, el paro se mantiene”.
Esa afirmación llega luego de que Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, capital de la provincia norteña de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas contra el alza del diésel, informó sobre un primer acercamiento entre dirigentes indígenas y campesinos con el Gobierno de Noboa.
“Seguimos todavía con las carreteras cerradas a pesar de que ayer hubo ya un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas», dijo Castillo al canal Teleamazonas.
No obstante, Vargas recalcó que el movimiento indígena mantiene su postura firme frente a las medidas económicas impuestas por el Ejecutivo y advirtió que la resistencia continuará en todo el país.
En las afueras del Parlamento, en esta capital, los familiares de 12 detenidos en Otavalo (Imbabura), en el marco de las movilizaciones, realizaron un plantón para exigir su liberación y denunciaron que fueron impedidos de ingresar a la Asamblea.
Las manifestaciones, iniciadas el 22 de septiembre, dejan reportes de más de un centenar de violaciones de derechos, según organizaciones de la sociedad civil, mientras la Conaie insiste en que no dará “ni un paso atrás” hasta que derogar el decreto que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón.
El Gobierno se niega a retroceder con la medida y acusó a los manifestantes de vínculos con el crimen organizado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur instó a un “diálogo urgente” y advirtió que el despliegue militar en protestas sociales conlleva un “riesgo real de violaciones de derechos humanos”.
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