Bogotá, 19 jul (Prensa Latina) Exmilitares involucrados en los asesinatos de personas indefensas dadas como bajas en combate contra las guerrillas en Colombia admitieron hoy varios patrones para conseguir a sus víctimas.
Durante la segunda jornada de la audiencia de reconocimiento del subcaso Costa Caribe en el macrocaso 03, miembros del extinto Batallón La Popa del ejército colombiano, reconocieron que los integrantes de los pelotones consiguieron víctimas por medio de retenciones previas.
Dicho panel investiga los asesinatos y desapariciones forzadas por agentes del Estado, conocidos como falsos positivos.
Esas retenciones se dieron generalmente en el marco de control militar de área, puntos de chequeo en las carreteras, registros y otros mecanismos propios de las actividades militares que facilitaron la aprehensión física de las personas.
También recurrieron a engaños con falsas promesas de trabajo o negocios, retomando estrategias usadas por los paramilitares.
En Valledupar, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ante el país, reconocieron que fueron presionados por altos mandos del Ejército por mostrar resultados y asesinaron a civiles bajo dos modalidades: en alianza con paramilitares o eligiendo a sus víctimas entre personas en condiciones de vulnerabilidad.
Lauro Maestre, indígena kankuamo, hermano de Víctor Hugo Maestre, asesinado en octubre de 2004 en el corregimiento de Atánquez, del municipio de Valledupar, confirmó en la sesión de este martes la presencia del Ejército en la región, y dijo que pensaban que estarían protegidos y cuidados por ellos.
«Pero llegaron buscando a estos jóvenes que huían de la guerra y los paramilitares y entonces fueron ellos quienes se encargaron de llamarlos milicianos colaboradores de la guerrilla», y los asesinaron, enfatizó.
«Es lamentable que el Ejército Nacional, que garantiza el cuidado de nosotros, se prestara para este hecho», lamentó Maestre ante los imputados y víctimas.
Un grupo de 15 militares del Batallón La Popa fueron acusados a finales del pasado año por 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas en combate contra las guerrillas, de ellos 12 acudieron a la audiencia ante la JEP, sin embargo tres coroneles retirados, que no admitieron su responsabilidad, no participan en estas sesiones.
Entre las víctimas la Sala de Reconocimiento halló que 12 eran indígenas pertenecientes a los pueblos kankuamo y wiwa de la Sierra Nevada, de ellos tres eran jóvenes wiwa, incluyendo una niña de 13 años en estado de embarazo.
«Falsos Positivos» es el nombre dado al caso que involucra principalmente a miembros del Ejército Nacional en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno.
La JEP en un informe de febrero de 2021 estableció que la cifra total de víctimas era de seis mil 402 entre 2002 y 2008. rgh/otf