Sin dudas, el presidente Daniel Noboa, nacido en Miami -como su amiguito Marco Rubio-, ha establecido una virtual dictadura en Ecuador, avalado por el mandatario norteamericano, Donald Trump, con una posición cimera en el grupo de regímenes derechistas del continente fieles al dictado del imperialismo norteamericano.
Todo ello le ha dado confianza para proseguir el fraude que mantiene perpetuo en la nación suramericana desde que asumió el poder, ahora con vistas a las próximas elecciones seccionales, las cuales ha adelantado bajo la justificación de evitar que el fenómeno climático de El Niño altere la asistencia a las urnas, amparado en otra patraña judicial para envolver al principal partido opositor, Revolución Ciudadana, en una falsa acusación de corrupción, para lo cual ha sido suspendido por nueve meses y así no podrá participar en un evento electoral que ya está envuelto en el sucio manto del “pucherazo”.
No es desacertado subrayar que la suspensión por nueve meses de Revolución Ciudadana por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no es justicia, es miedo a las urnas. Quieren sacar de las elecciones a la principal fuerza de oposición, porque Daniel Noboa sabe que el pueblo rechaza su gestión y con esta maniobra clueca trata de evitar que su Acción Democrática Nacional (ADN) sea derrotada en los comicios seccionales.
Esto ocurre con la complicidad del fiscal Alarcón y un TCE convertido en operador del poder. Esto, realmente, es dictadura, contando además con el apoyo de fuerzas militares norteamericanas que se encuentran en el país bajo el pretexto de ayudar a combatir la delincuencia, ignorando la decisión popular de no permitir la entrada a esos elementos, tal como lo especifica la Constitución, pero el millonario mandatario hace caso omiso a ello.
LA EXCUSA DE NOBOA
Noboa asegura que el adelanto de elecciones locales al 29 de noviembre en Ecuador no favorece a su partido, sino que busca garantizar la competencia electoral al prevenir que un eventual fenómeno de El Niño dificulte la participación de los votantes.
Esa situación, en realidad, hubiese provocado que se fortalezca el voto urbano, donde su movimiento político, Acción Democrática Nacional (ADN), “es más fuerte”, afirmó en una entrevista con Radio Gaviota, al anotar hipócritamente que con el cambio de fecha se está “asegurando” de que exista competencia electoral.
El pasado viernes, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones locales para este año, bajo la justificación de que en la fecha inicial prevista podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones.
Pero el mandatario obvia que el correísmo, la principal fuerza de oposición del país. se encuentra suspendido, por lo que la medida busca impedir sus candidaturas y la participación de los partidos opuestos a Noboa.
En este contexto, dice EFE, el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) llamó a sus potenciales candidatos a autoridades locales a que se desafilien de su movimiento político, Revolución Ciudadana, para que no tengan obstáculos para participar.
La resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) «es un mandato de Daniel Noboa para eliminar de las urnas a la organización política más grande de este país, que sabe además que le va a disputar con los mejores resultados en los próximos comicios», agregó.
En un intento por frenar la sanción, la agrupación política presentó un pedido de revocatoria del fallo. El proceso contra la Revolución Ciudadana se originó por una investigación judicial por el supuesto delito de delincuencia organizada.
IRREGULARIDADES
El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, condenó la suspensión temporal del partido.
Anotó que la suspensión «coincide con el lanzamiento por la administración Trump de una alianza de presidentes latinoamericanos de derecha».
«Hay una serie de irregularidades en el proceso», anotó, al señalar que no han sido notificados de una investigación judicial en contra de la organización.
La Fiscalía investiga en el denominado caso Caja Chica a la excandidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, por supuestamente recibir financiamiento desde Venezuela para una de sus campañas.
«El juez podría suspender la organización política hasta por 24 meses, pero lo hace por nueve, con el objetivo único de evitar que RC logre inscribir sus candidaturas».
En caso de no poder levantar la sanción, la organización buscará alianzas con otros movimientos políticos.
La CONAIE, la mayor organización indígena de Ecuador y fuerte opositora del correísmo, lo consideró «un hecho grave que debilita el pluralismo político».
¿QUIEN GOBIERNA?
Noboa hace alarde de que la delincuencia ha disminuido en el país y pondera la colaboración de fuerzas estadounidenses en ese proceso, que, tras el toque de queda en cuatro provincias, donde fueron detenidas unas 3 000 personas, ahora se hace lo mismo en otras nueve, obviando que su familia, la más rica del país, ha estado enviando impunemente bolsas con cocaína en las cajas de banano que exporta principalmente a Europa.
Y es que el crimen organizado, ese que no se combate en la realidad, es el principal factor gobernante en la suramericana nación ecuatoriana.
Ello hace que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), creados por la Constitución del 2008, padecen hoy cooptación política, falta de independencia y escaso control del financiamiento electoral. Los errores en los comicios del 2019, 2021 y 2023, favorables a la derecha, junto con la permanencia irregular de sus autoridades, han debilitado la legitimidad de las instituciones electorales.
En paralelo, el crecimiento del crimen organizado desde el 2018, impulsado por la crisis institucional y la pérdida de presencia estatal en el territorio, ha permitido su penetración progresiva en campañas y gobiernos locales.
Las fuentes ilícitas de financiamiento —narcotráfico, minería ilegal, corrupción— se canalizan hacia partidos y candidatos mediante donaciones opacas, compra de votos, eventos masivos y apoyo logístico. Además, se constata un incremento dramático de la violencia, con asesinatos de candidatos como el de Fernando Villavicencio (2023) y varias autoridades locales. Esta violencia ha convertido las campañas en escenarios militarizados y ha puesto en riesgo el ejercicio de elecciones libres y competitivas.
De esta manera, el crimen organizado ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de control territorial y político, influyendo en decisiones de diversa índole, según el nivel de gobierno sobre el que ejerce incidencia.
Así, se constata un sistema electoral vulnerable estructuralmente: carece de controles efectivos sobre financiamiento, presenta una institucionalidad capturada, y opera en un entorno de seguridad deteriorado.
Esto ha sido aprovechado por el emporio criminal para influir en la política, generando desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas, deslegitimación de los partidos, normalización de la violencia política, y riesgo de consolidación de regímenes donde actores criminales influyen en las decisiones estatales, como ocurre con la gobernanza de Daniel Noboa.