Alegan que conforme a lo histórico del caso, Pinheiro (se mantiene preso), ‘que a lo largo del proceso nunca había incriminado a Lula, fue presionado y repentinamente alteró su posición anterior a cambio de beneficios negociados con fiscales de Curitiba, obteniendo la reducción sustancial de su pena’.
Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel en julio de 2017, una vez que el juez Sergio Moro, actualmente ministro de Justicia, dio por comprobado que recibió un apartamento de lujo de parte de la contratista OAS (Pinheiro era ejecutivo) a cambio de favorecer a esa empresa. El exdirigente obrero niega todas las acusaciones.
Según su defensa, en 2016 y 2017 pidieron a la Procuraduría General de la República que fueran ‘debidamente constatadas informaciones divulgadas por la prensa, dando conocimiento de que Leo Pinheiro estaría siendo forzado a incluir de forma artificial el nombre del expresidente Lula en su acuerdo de delación. Estos procedimientos, sin embargo, fueron archivados’.
Tales elementos muestran que jamás hubo intención de apurar la verdad de los hechos, sino solo la de imponer a Lula una condena sin ninguna prueba de culpa y despreciando las de inocencia que presentamos durante el proceso, subrayan los abogados.