La Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) se erige como una institución fundamental en la arquitectura económica de Cuba, y como unidad adscrita al Ministerio de Finanzas y Precios, su misión trasciende la mera recaudación: es la garante operativa de la política fiscal, encargada de gestionar, controlar y determinar los tributos establecidos por ley.
Su labor meticulosa, que incluye la fiscalización y la resolución de reclamaciones, constituye el mecanismo primario para materializar los principios de justicia y obligatoriedad que deben regir en este ámbito.
La importancia de esta institución y del cumplimiento ciudadano con la declaración jurada se cifra en un concepto clave: la sostenibilidad fiscal. Los recursos que administra la ONAT no se diluyen en un abstracto concepto estatal; son el combustible directo del presupuesto nacional. Es decir, cada contribución, por modesta que sea, se convierte en un ladrillo con el que se construye y mantiene el edificio de los servicios públicos. Sin esta captación eficiente y equitativa, el modelo social que sustenta la nación carecería de base material.
Históricamente, la relación del cubano con los impuestos ha sido singular, marcada por un prolongado período donde su presencia en la vida cotidiana fue mínima. El profundo shock económico del Período Especial de los años 90 del siglo pasado y la posterior ampliación del sector no estatal hicieron imperiosa la creación de un sistema tributario moderno y abarcador. La promulgación de la Ley Tributaria no fue, por tanto, un acto administrativo más, sino una respuesta estructural a una realidad económica transformada, necesitada de canales formales para financiar el Estado.
Hoy, el sistema concebido es comprehensivo, y su ámbito de aplicación es universal, dirigido a personas naturales, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, empresas y otras entidades. Esta universalidad busca cimentar un principio de corresponsabilidad: el disfrute de derechos conlleva, de manera inseparable, el deber de contribuir según la capacidad de cada cual. Es la materialización práctica de un pacto social renovado.
Lejos de ser una mera transferencia de recursos, el pago de tributos es una inversión colectiva de retorno tangible y cotidiano. El dinero recaudado financia directamente el pago de pensiones y jubilaciones, sostiene el sistema de salud pública gratuito, garantiza el acceso universal a la educación en todos sus niveles y fortalece la red de asistencia y seguridad social. En esencia, es el mecanismo que permite que el “paraguas invisible” de la protección social proteja a todos, especialmente a los más vulnerables.
Por ello, ver la obligación tributaria como una pérdida individual es un error de perspectiva. Se trata, en realidad, de un acto de previsión y solidaridad institucionalizada. Es el aporte que, agrupado con el de millones de conciudadanos, asegura que el Estado pueda cumplir con sus cometidos constitucionales. Los beneficios sociales universales, concebidos como derechos inalienables, encuentran en esta contribución colectiva su principal fuente de financiamiento.
En este contexto, la campaña del 2026 Paga en tiempo, marca tu valor trasciende un eslogan administrativo. Es un llamado cívico que involucra desde el cinco de enero y hasta el 30 de abril a más de un millón de contribuyentes en el actual proceso declarativo. Subraya que la puntualidad y la responsabilidad en el cumplimiento no son solo un deber legal, sino un indicador del compromiso personal con el proyecto nacional. Marca el valor de la contribución individual dentro del esfuerzo colectivo.
En definitiva, el fortalecimiento de una cultura tributaria consciente y responsable es inseparable del fortalecimiento de la soberanía y la justicia social. La ONAT, en su rol técnico y regulador, es la bisagra necesaria. Pero el sistema solo alcanza su plena eficacia y legitimidad con la participación activa y convencida de cada contribuyente, entendiendo que su aporte es la semilla de los servicios que hoy sostienen y mañana desarrollarán a la nación.