Buenos Aires, 5 jul (Prensa Latina) El Partido Justicialista (PJ) de Argentina pidió la inmediata libertad de cinco de sus militantes, detenidos hoy, lo cual considera arrestos arbitrarios e ilegales como parte de la persecución política para amedrentar a los opositores.
En un comunicado, la organización denuncia que «nuestro país atraviesa un proceso de Terrorismo de Estado de baja intensidad» que impulsa el gobierno de Javier Milei y el poder económico, en ese marco se dieron las detenciones arbitrarias de militantes.
Por ello, demanda la “libertad a los militantes políticos detenidos ilegalmente por la jueza Sandra Arroyo Salgado”.
“Utilizan a la mafia judicial, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad para desplegar sus dispositivos de represión y persecución política sobre artistas, periodistas, jubilados, militantes y todo aquel que proteste o piense diferente”, enmarcan desde el partido presidido por Cristina Fernández.
Una de las detenidas, desde ayer en prisión domiciliaria, es Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense, y otra de las presas políticas es Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de UxP en la localidad bonaerense de Quilmes, miembro de La Cámpora y secretaria general del Partido Justicialista (PJ) de ese distrito.
También están presas las militantes Aldana Muzzio, de 45 años, y Candelaria Montes, de 24. Junto a ellas, el único hombre acusado es Iván Díaz Bianchi, un joven de 22 años que es empleado administrativo.
Se les abrió una causa por dejar un pasacalle y estiércol frente a la casa del diputado oficialista josé Luis Espert, lo cual a lo sumo podría considerarse una contravención municipal, plantearon ante el Consejo de la Magistratura el viernes los diputados nacionales Vanesa Siley y Mariano Recalde, miembros de ese órgano judicial.
Siley y Recalde solicitaron a ese órgano judicial que revise la causa elaborada por la jueza Salgado, la cual fue promovida por el legislador ultraderechista Espert y respaldada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
A su vez, la Cámara Federal de San Martín revisa las órdenes de detención dictadas por Salgado por las que fueron encarcelados e incomunicados los cinco militantes en el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, penal de máxima seguridad que no se condice con la gravedad de la contravención por la que fueron acusados.
En su comunicado el PJ señala que la expresidenta Cristina Fernández “atraviesa una prisión injusta que es el caso más grave y resonante de esta persecución que denunciamos”.
rc/mh