
Washington, 9 oct (Prensa Latina) Unos 500 soldados de la Guardia Nacional de Texas e Illinois fueron desplegados en la ciudad estadounidense de Chicago, pese a protestas de líderes locales y la batalla legal hoy en curso contra la administración de Donald Trump.
El Comando Norte de Estados Unidos del Departamento de Defensa confirmó que aproximadamente 200 efectivos de Texas y 300 de Illinois fueron emplazados en el área metropolitana de Chicago durante al menos los próximos 60 días.
«Estas fuerzas protegerán al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU y a otro personal del gobierno estadounidense que desempeña funciones federales, incluyendo la aplicación de la ley federal, y para proteger la propiedad federal», dijo el Comando Norte en un comunicado.
Detalló que los militares estarían asignados para cumplir funciones como establecer perímetros de seguridad, controlar multitudes y utilizar tácticas de desescalada.
Las tropas se estacionaron en el Centro de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, en el suroeste de Elwood, indican reportes de la prensa local.
El mayor general retirado Richard Hayes mostró su asombro porque en más de 30 años de carrera dijo que nunca había visto a un miembro de la Guardia Nacional de otro estado federalizado y luego enviado a otro.
«Esto es novedoso. No significa que sea necesariamente ilegal, simplemente es diferente», afirmó.
El estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda impugnando el despliegue de la Guardia Nacional por parte de la administración Trump.
Tanto el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, argumentaron que no existe ninguna crisis que requiera la presencia de las tropas en la urbe.
Este jueves la jueza federal April Perry programó una audiencia para presentar argumentos sobre una solicitud de orden de restricción temporal que bloquee el despliegue de los soldados.
Perry se negó a emitir dicha orden de restricción de inmediato el lunes, cuando se interpuso la demanda, para dar tiempo al gobierno federal a presentar sus alegatos, lo cual hizo minutos antes de la fecha límite establecida por ella, las 23:59 horas de este miércoles. El Gobierno de Trump, en su presentación de 59 páginas, argumentó que el presidente tiene la autoridad legal para desplegar las tropas y que las objeciones estatales no deberían bloquear la operación.
Por su parte Karin Immergut, una jueza federal en Oregon, puso luz roja a los intentos de la actual administración de llevar unidades de la Guardia Nacional a Portland. Consideró que el presidente se excedió en su autoridad constitucional y violó la Décima Enmienda” al ordenar el despliegue.
Immergut, quien fue nombrada por Trump, advirtió además que las protestas en Portland “no suponían un ‘peligro de rebelión’”.
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