La fiscal jefa de la dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República de Cuba, Lisnay María Mederos, aseguró que en algunos de los videos registrados durante los disturbios de este domingo se constatan hechos delictivos que llevan una respuesta penal a partir de lo previsto en las legislaciones cubanas.
Durante el espacio televisivo Hacemos Cuba, Mederos explicó que ya se desarrollan en el país acciones investigativas, de instrucción, periciales, de criminalística y operativas; lo que permitirá documentar, legalizar y presentar tanto a la Fiscalía como a los Tribunales, las pruebas necesarias que indiquen la participación de estas personas en los hechos.
Refiere un artículo del sitio web Cubadebate que la fiscal general resaltó que en las imágenes grabadas se observan varios delitos y varias personas, por lo que se debe demostrar que esas personas son autores por participación y por razones diversas.
Sobre el rol de la fiscalía en este proceso, Mederos señaló que le corresponden las funciones de control de la investigación penal, previstas en la Constitución; esto se traduce en velar por el correcto cumplimiento de la ley con el apego a las garantías, al debido proceso y a los derechos de los involucrados y ejercer la acción penal pública en representación del Estado.
Indicó que también se está ubicando la participación de cada una de las personas en estos hechos, para así determinar quién es el que organiza, quién es el que promueve, quién es el que instiga, quién es el que financia y quién es el que ejecuta los actos por sí mismo.
Informó que se le exigirá responsabilidad penal a los autores y cómplices; mientras, se exime al que de manera contrariada formó parte, el que estuvo, el que caminó, pues es necesario cometer un hecho delictivo, que se entiende como acción u omisión socialmente peligrosa, prohibida por la ley bajo una sanción.
Por su parte la coronel Moraima Bravet, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (MININT), señaló en el espacio televisivo, citado por Cubadebate, que ahora comienza un proceso investigativo en el que se debe llegar hasta el final.
Bravet detalló que se debe buscar quiénes más participaron, el grado de participación de cada uno y sobre todo llegar a los organizadores, los instigadores, los que financiaron para provocar este desorden en el país y dar una imagen equivocada.
Nuestra Cuba tiene como bien preciado y garantía de la Revolución la tranquilidad, la seguridad ciudadana, orden público. Lo que se vio el domingo no es nuestra realidad, enfatizó Bravet.
La representante del MININT explicó que la gran mayoría de los detenidos no son quienes van en un momento determinado a reclamar algo que les disgusta, sino que se trata de personas con antecedentes penales de desobediencia, lesiones, amenazas, atentado, desacato, robo con fuerza, desorden público, tenencia de armas, resistencia.
En cuanto a la ubicación de los detenidos, Bravet aseguró que la persona detenida puede llamar a sus familiares, e indicó que la vía más empleada, es la notificación a la familia de su ubicación en determinada unidad, con el objetivo de que los familiares puedan acudir a las estaciones y allí darles la explicación que corresponde.
“Lo que cambia ahora, y no tiene que ver con la gravedad de estos hechos, es la situación de la pandemia. No existen las mismas posibilidades para esas visitas y se prolongan los tiempos, pero se admiten, se han estado realizando para la entrega del aseo personal, se les revisa y se les informa el curso del proceso”, señaló Bravet.
Explicó que la ley permite en el procedimiento sumario llevar por los delitos que son de su competencia en 96 horas al tribunal, el término entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía hay casos definidos con los acusados detenidos y es totalmente legal.
Bravet reconoció que el robo con fuerza ha sido una de las tipicidades más fuertes manifestadas durante estos días, que tiene además como figuras agravadas que se establecen cuando aprovechan para cometer el acto delictivo, el momento en que tiene lugar un ciclón, terremoto u otra calamidad pública, en este caso la pandemia de la COVID-19.
De igual forma, la fiscal Mederos explicó que otra de las agravantes pudiera ser cometer un hecho empleando un medio que provoque peligro común.
En cuanto a la participación de los jóvenes, trascendió que las personas que están vinculados a los hechos tienen edades entre los 25 y 35 años, y aclaró que para un mayor de edad cometer un hecho empleando menores constituye otra agravante.
Resaltó la severidad de las medidas en los casos donde se viraron carros patrulleros, se atacó con cocteles molotov, piedras y machetes a los agentes de la policía, pues no se permitirá que la tranquilidad que se respira en nuestro país nos la roben.