 
                            Brasilia, 30 oct (Prensa Latina) El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó al gobernador Cláudio Castro que explique la operación policial en Río de Janeiro que hasta hoy dejó 121 muertes y convocó una audiencia.
De Moraes dictaminó que Castro presente una serie de aclaraciones sobre la maniobra policial. Exige que explique la acción punto por punto, tal como lo solicitó el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Para lo anterior, el magistrado programó una audiencia el 3 de noviembre, con horarios específicos para el gobernador, los agentes de policía y demás personas involucradas. El ministro será el responsable de dirigir la audiencia.
El fallo de De Moraes forma parte del llamado ADPF das Favelas (Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental de las Favelas), que se encuentra en trámite ante el Supremo Tribunal Federal.
La ADPF das Favelas es la acción que monitorea el problema de la letalidad policial en Río.
Desde septiembre, cuando el juez Edson Fachin asumió la presidencia de la Corte Suprema, estuvo a cargo del magistrado Luís Roberto Barroso.
Con la jubilación de Barroso y la falta de nombramiento de un nuevo ministro, el caso quedó sin relator. Ante esta ausencia, se transfirió a la responsabilidad a De Moraes, quien lo gestionará hasta que el próximo letrado ocupe el lugar de Barroso.
En el comunicado presentado por el CNDH se recuerda la aprobación parcial del plan para reducir la letalidad policial y se exige el respeto a los principios de proporcionalidad en el uso de la fuerza, así como la instalación de dispositivos de grabación en los uniformes y vehículos policiales.
Tal junta subraya que, incluso con esta decisión, la operación policial en Río tuvo lugar el martes.
La megaoperación, descrita como una nueva etapa de la Operación Contención en los complejos habitacionalees de Alemão y Penha, dejó un saldo de 121 fallecidos, según cifras de la policía y 132, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre ellos cuatro agentes.
Además, se realizaron 113 detenciones.
La operación policial en Río supera a la llamada Masacre de Carandiru y se convierte en la más mortífera del país.
Aquella matanza, en 1992, marcó el punto álgido de la represión policial en el sistema penitenciario brasileño.
Ese día, 341 policías antidisturbios irrumpieron en el pabellón nueve del centro penitenciario de Sao Paulo para sofocar un motín.
Se dispararon tres mil 500 tiros en 20 minutos, dejando 111 presos muertos, muchos de ellos ejecutados a quemarropa.
El episodio inspiró un libro, una película y se convirtió en un símbolo internacional de la violencia institucional en Brasil.
Los dos casos se desarrollan en contextos muy diferentes: uno dentro del sistema penitenciario y el otro en una zona urbana céntrica, en confrontación directa con el narcotráfico.
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