Un mejor control determina una mayor eficiencia administrativa

La nueva Ley contribuirá a la creación de una cultura de control y prevención de las administraciones. Foto: Dunia Álvarez Palacios

Como entidad fiscalizadora superior del Estado, la Contraloría General de la República (CGR) rindió cuenta, este martes, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La contralora general, Gladys Bejerano Portela, detalló que, desde 2014 hasta septiembre de 2022, el organismo elaboró un plan de acciones con el objetivo de trabajar con mayor intención en la atención y solución de las deficiencias.

Esa labor ha estado enfocada en promover una cultura de control y prevención en las administraciones, elevar el nivel profesional y lograr una gestión económico-administrativa estable y eficiente, que garantice el correcto desempeño interno.

Según el informe presentado, la CGR cumple la función de elaborar, conciliar y aprobar el Plan anual de acciones de auditoría, supervisión y control, no solo del órgano, sino del Sistema Nacional de Auditoría que, durante el periodo evaluado, asciende a 42 629 acciones de prevención y control ejecutadas.

Entre 2014 y el tercer trimestre de 2022, la CGR planificó 5 644 acciones de auditoría, supervisión y control. Producto de ajustes, puntualizaciones e incorporación de nuevas acciones, se ejecutaron 5 752 (101,9 %).

Se realizaron controles integrales que incluyeron los ministerios de Comunicaciones y del Comercio Interior, los grupos BioCubaFarma, Azcuba y el osde Gesime, los consejos de administración provincial de Cienfuegos, Villa Clara, Las Tunas y Granma, y administraciones de Artemisa y Mayabeque.

Se calificaron 2 005 auditorías, de ellas el 66,6 % con resultados de deficiente o mal, y entre los problemas más comunes se encuentran insuficiencias y violaciones en la contratación, en cuentas por cobrar y pagar, e inventarios, combustible y nóminas y contabilidad.

La administración ha aplicado 12 662 medidas disciplinarias, de ellas el 51,4 % a directivos y funcionarios.

La CGR indicó que se debe realizar con mayor precisión la identificación de responsabilidades directas y colaterales, así como elevar el rigor en el seguimiento de las medidas disciplinarias.

Se realizaron, en el periodo evaluado, seis comprobaciones nacionales al control interno, en las que se ejecutaron 2 176 acciones; en tanto que, en la Atención a la población, se evidencia el incremento del conocimiento de las funciones del órgano por parte de los promotores, pues las quejas y peticiones fueron atendidas en 16 581 casos.

Se reitera que los temas más abordados por la población están relacionados con la conducta ética de los directivos, ejecutivos y funcionarios; la aplicación de inadecuados métodos de trabajo; el descontrol administrativo; el desvío y uso indebido de recursos del Estado; la apropiación indebida e inobservancia de las normas del control interno; asuntos que están en la base de las causas y condiciones de los problemas detectados.

Sobre el sistema de captación, análisis y reporte de los hechos de corrupción administrativa que se detectan en las entidades, se ha elevado el rigor a las administraciones. Se han reportado 5 461 hechos de corrupción, que en su mayoría ocurren en entidades de base, principalmente asociados al desvío de inventario y efectivo.

PRINCIPALES RETOS

Uno de los principales retos –según el informe– lo constituye el completamiento y la atención al auditor interno de base, para elevar su preparación, atendiendo al papel profiláctico y preventivo de su trabajo. Reconocieron que, en la evaluación del gasto público, no han avanzado lo suficiente, una de las mayores insatisfacciones, porque necesitan mayor preparación.

Asimismo, el organismo reiteró su compromiso de fomentar ambientes de orden, disciplina y exigencia, junto al fortalecimiento de la ética y la moral de los directivos y funcionarios públicos.

Reconoció, a su vez, que falta mucho por hacer, pero están dispuestos y comprometidos a centrar los principales esfuerzos en incrementar el completamiento y la estabilidad del personal; continuar elevando la preparación de los auditores, y contribuir al logro de una cultura de control y prevención en las administraciones.

En el Dictamen de la rendición de cuenta, presentado por Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se recomendó continuar trabajando en el control interno, además de seguir de cerca la fluctuación en la plantilla laboral.

En el debate, Margarita Soroa, diputada por el municipio de San Cristóbal, en Artemisa, detalló que el trabajo de la Contraloría resulta muy valioso, pero el punto final para la resolución de los problemas queda en mano de las instituciones, porque de nada sirve chequear si no existe una respuesta efectiva.

Esther Dupón, diputada por Holguín, resaltó la necesidad de que los directivos de las unidades presupuestadas tomen de la mano la Resolución No. 60, referida al perfeccionamiento del control interno.

Por su parte, Esther Lidia Pérez Cuello, diputada por Camajuaní, sugirió la colaboración entre el Ministerio de Comunicaciones y la CGR, porque necesitamos una Contraloría que aproveche mejor las potencialidades que brindan las tecnologías de la información.

UNA LEY PARA FRENAR Y LIQUIDAR LA CORRUPCIÓN

Frenar y liquidar la corrupción es el objetivo de primer orden de la nueva Ley de la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de control superior de los fondos públicos y de la gestión administrativa, presentada y aprobada, este martes, por el Parlamento.

Gladys Bejerano Portela, contralora general, al exponer ante los diputados la propuesta, destacó que en esta se pondera la prevención de riesgos e indisciplinas, y se promueve la participación activa de todos, como estrategia principal en la prevención y enfrentamiento para combatir la corrupción.

De igual modo, precisó, la actualización de la Ley (pues ya existe una norma vigente) busca, con la contribución de sus acciones, hacer efectiva la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para la etapa 2021-2026, referidos a la actuación ética y a alcanzar una efectiva y consciente participación de los colectivos laborales, fortalecer el control interno y externo, social y popular sobre la gestión administrativa.

Asimismo, se incorporan otros aspectos novedosos, como es el caso de la Comisión Estatal de Control, y actualiza todo lo referido al Sistema Nacional de Auditoría, en correspondencia con la política aprobada para su funcionamiento.

Resaltó que la norma da cumplimiento a lo dictado en la Constitución, en su Capítulo vii, Artículo 160, que determina la misión fundamental que asigna a la Contraloría General, así como a otros aspectos que se incorporan y precisan en la fundamentación.

A su vez, es continuidad de un proceso gradual y sostenido que expresa la voluntad política del Estado cubano, conducido estratégicamente a la institucionalidad y perfeccionamiento del Sistema de Control del Estado y del Gobierno, y también completa y consolida el cumplimiento de principios, normas y requisitos que se establecen en el ámbito internacional.

En sus disposiciones generales, esta Ley regula la misión, funciones, organización y funcionamiento de la CGR, y establece las bases generales del Sistema de control superior de los fondos públicos y de la gestión administrativa, para influir positivamente contra el burocratismo, por la administración transparente, ágil, eficiente y eficaz; fortalecer los vínculos entre el control interno, externo y el social, que incluye el popular.

La nueva Ley está estructurada en diez títulos, 19 capítulos, 31 secciones y 104 artículos, ordenada en dos libros; el primero, referido, fundamentalmente, a los aspectos de organización y funcionamiento de la CGR, y el segundo, al Sistema de control superior de los fondos públicos y de la gestión administrativa.

El diputado Félix Martínez Suárez, al leer el Dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, significó que la nueva Ley contribuye a hacer efectiva la actuación ética de los jefes, los trabajadores y las entidades, así como a avanzar en la aplicación de métodos de dirección participativos, eficaces e innovadores, y a fortalecer el control tanto interno como externo, y el control popular sobre la gestión administrativa.

Reconoció que en la norma se producen cambios en las relaciones de subordinación de la CGR al Presidente de la República, en la periodicidad de la rendición de cuenta y en su realización.

Añadió que se suprime el término «denuncias de la población» por «quejas y peticiones»; esclarece los conceptos de fondos públicos y gestión administrativa, y estudia el término de responsabilidad colateral; introduce normas respecto a la elección, designación y cese del Contralor General y de los vicecontralores generales, y considera el derecho de los sujetos de acción y control, de acudir a la vía judicial cuando presuman que no se les garantizó el debido procedimiento administrativo, entre otras novedades.

La nueva Ley –subrayó– contribuirá a la creación de una cultura de control y prevención de las administraciones, expresión de la voluntad política del Estado y del Gobierno cubanos para favorecer el logro y las aspiraciones de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.