La imagen de niños fuera de las aulas, mendigando o deambulando a altas horas en las calles de Manzanillo, es una llamada de atención que la comunidad no puede ignorar. Lejos de ser anécdotas aisladas, estas situaciones reflejan una fractura en el sistema de protección que debe rodear a la infancia.
En Cuba, la ley es clara y contundente, el cuidado y la educación integral de los hijos es un derecho y un deber primordial de los padres. Ante estos hechos, es imperativo reafirmar el papel insustituible de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y, a la par, exigir que las instituciones de apoyo actúen con la diligencia que la ley contempla.
El país cuenta con un sólido marco jurídico. La Constitución brinda protección especial a niños y adolescentes, y el nuevo Código de las Familias (vigente desde 2022) ha modernizado este enfoque. Este Código sustituye el concepto de patria potestad por el de responsabilidad parental, un conjunto de derechos y deberes que los padres ejercen en beneficio de sus hijos.
La ley es explícita: proveer cuidado, protección, alimentos, educación y un crecimiento saludable es obligación de ambos progenitores. Cuando un niño está en la calle y no en la escuela, se produce un grave incumplimiento de esta responsabilidad, una falta que la Fiscalía General tiene la facultad de investigar y sancionar.
El Código enfatiza la corresponsabilidad a ambos padres les concierne la crianza, vivan juntos o no. Esta responsabilidad no se delega a la sociedad o al Estado en primera instancia. La familia extensa (abuelos, tíos) también tiene un papel crucial, pudiendo recibir apoyo temporal cuando los padres enfrentan dificultades. La comunidad, que conoce sus dinámicas, debe activar desde la solidaridad los mecanismos de apoyo familiar antes de que la situación de un niño se degrade.
Sin embargo, culpar exclusivamente a la familia es una visión limitada e injusta. El Estado y sus instituciones tienen el mandato constitucional de garantizar el desarrollo armónico de la niñez. Aquí la respuesta debe ser más eficaz y proactiva.
Los niños que deambulan por Manzanillo no son un problema ajeno, son un espejo de desafíos que convocan a toda la sociedad. No basta con señalar la irresponsabilidad de los tutores. Se necesita una acción sostenida donde la familia asuma su deber, donde el vecino y el maestro no miren para otro lado, y donde las instituciones —trabajo social, educación, fiscalía— intervengan a tiempo con apoyo real y seguimiento constante. La protección de la infancia es una responsabilidad compartida que exige compromiso en todos los frentes.