Expertos y activistas responsabilizaron al gobierno de Estados Unidos de «exportar» la pandemia de coronavirus hacia varios países de América Latina por medio de las deportaciones masivas de inmigrantes desde diversos centros de detención en las últimas semanas.
Desde que estalló en su territorio la crisis por el Covid-19, Estados Unidos ha trasladado a miles de personas en 232 vuelos hacia 12 países de América Latina y el Caribe, señaló un informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR).
El «think tank» estadounidense indicó que el principal destino de estos itinerarios aéreos ha sido Guatemala (86 vuelos), seguido de Honduras (54), El Salvador (32), México (14), Ecuador (12), Brasil (11), Nicaragua, Haití y República Dominicana (6) y Colombia y Jamaica (2), así como Cuba (1).
La ola de repatriaciones fue ordenada a pesar del riesgo que «representa para la salud pública» el transporte de personas hacia otro país en medio de la pandemia, señaló la entidad.
Los centros de detención de los migrantes son «focos rojos» de la crisis sanitaria en Estados Unidos debido a la epidemia, por lo que la CEPR considera que en la práctica «está exportando el coronavirus» a la región.
Desde que el presidente Donald Trump decretó la emergencia sanitaria nacional por el coronavirus ha habido 72 vuelos de este tipo, lo que ha hecho que en países como Guatemala, una buena parte (20%) de los contagios contabilizados correspondan a migrantes recién llegados desde Estados Unidos.
El CEPR insinuó que en buena parte la crisis desatada en Ecuador por la peste se deba a que muchos de los vuelos hacia Brasil hicieron previa escala en Guayaquil.
Los vuelos hacia México fueron suspendidos el 19 de marzo, pero eso no impidió que las deportaciones continuaran aunque por vía terrestre.
Tijuana, la zona de mayores cruces migratorios desde Estados Unidos hacia México, es una de las ciudades con más alto número de contagios.
El diario estadounidense The Washington Post, reveló el pasado 9 de abril que el gobierno de Estados Unidos ha expulsado a unos 10.000 inmigrantes desde el inicio de la crisis por el coronavirus amparado en las normas de emergencia adoptadas para evitar su propagación.
Citando a funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), las deportaciones sumarias o «expulsiones» se empezaron a aplicar el 21 de marzo.
Las expulsiones rápidas han hecho retroceder en un 56 % los cruces hacia territorio estadounidense, lo que sitúa la inmigración irregular en su punto más bajo en décadas y las medidas también han cerrado las puertas a los solicitantes de asilo.
Lo que está sucediendo en la frontera «es una tragedia», afirmó la académica del Boston College, Kari Hong, quien consideró que Washington está abandonando su «compromiso legal de dar asilo a las personas cuyas vidas están en peligro en otros países».
La administración Trump está «utilizando una pandemia mundial para avanzar en una agenda de supremacía blanca sin tener en cuenta el bienestar de los niños y las familias», señaló Paola Luisi, codirectora de la coalición Families Belong Together.
Desde que comenzó el mes de marzo, Guatemala prohibió la llegada de extranjeros a su territorio y cerró sus fronteras para tratar de contener la propagación del coronavirus, pero tres semanas después permitió la llegada de migrantes de su país desde Estados Unidos. La decisión fue adoptada tras recibir garantías del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de que se vigilaría que no fueran deportadas personas enfermas.
El Servicio de Migración y Aduanas asegura que somete a los candidatos a la deportación antes de embarcarlos hacia algún país latinoamericano a un protocolo muy estricto, que incluye un examen visual, una autorización médica previa a una evaluación y si hay sospecha de contagio se niega el traslado.
También se controla la temperatura en la línea de vuelo antes del embarque y quien tenga una mayor a 37 es evaluado y puesto en observación.
Sin embargo, activistas y expertos dudan que los protocolos sean rigurosamente observados.