Las oficinas de atención a la población funcionan como un mecanismo esencial para garantizar el diálogo entre el gobierno local y los ciudadanos, reflejando un principio constitucional, ahora respaldado por la Ley del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas, primera de su tipo en el país, que entró en vigor el pasado 15 de marzo.
En esta urbe costera, estas instancias siguen el modelo establecido por el Partido Comunista de Cuba y los órganos locales del Poder Popular, ofreciendo como vías de contacto los canales tradicionales (presencial, telefónico, electrónico), con mayor rigor en el registro y seguimiento, alineados con la nueva Ley.
La Asamblea Municipal del Poder Popular en Manzanillo, encabezada por su presidenta Rossío Naranjo Figueredo, atiende a la población en horarios regulares de lunes a viernes.
Los planteamientos que allí se reciben, son clasificados y derivados a los organismos competentes. Por su parte el ciudadano recibe un código de seguimiento, y las respuestas deben emitirse en plazos legales, hasta 30 días (prorrogables solo por fuerza mayor).
En caso de no ser respondido el planteamiento o queja, ante silencio administrativo o vulneración de derechos, el ciudadano puede demandarlos por incumplir su labor.
Según la Constitución cubana en su artículo 61, «las autoridades están obligadas a responder de manera oportuna y fundamentada las quejas de la población», lo que en una ciudad como Manzanillo, cargada de desafíos socioeconómicos, esta retroalimentación es vital para la resolución de conflictos, la transparencia y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones.