El sistema de pagos europeo está a las puertas de su mayor transformación en décadas. El euro digital, el impulso para ganar soberanía frente a los gigantes estadounidenses de los pagos y una agria batalla entre la banca y Bruselas convergen, y el desenlace podría cambiar la forma en que los europeos realizan incluso los pagos cotidianos más sencillos.El euro digital es efectivo electrónico, respaldado por el Banco Central Europeo (BCE) y concebido para convivir con los billetes y con los servicios que ofrecen los bancos comerciales. Según la propuesta de la Comisión Europea, los usuarios dispondrían de una cartera digital, con un límite de gasto aún por definir, que serviría tanto para pagos en línea como sin conexión, con transacciones diseñadas para que no puedan rastrearse.Si la legislación se aprueba antes de finales de 2026, podría estar disponible para pagos minoristas en 2029. El impulso es tanto político como financiero: Visa y Mastercard, ambas estadounidenses, concentran el 61% de los pagos con tarjeta en la eurozona y casi todas las operaciones transfronterizas, según datos del BCE.El regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca y su enfoque hostil tanto en política exterior como en comercio han acelerado este debate, y en el Consejo Europeo de mediados de marzo los líderes de la UE fijaron un plazo para aprobar la legislación antes de finales de 2026.El empeño del BCE en ponerlo en marcha responde en parte al auge de las criptomonedas, que han ido ganando terreno en el panorama de los pagos. El mensaje que llega desde Bruselas y desde las instituciones de todo el continente es claro, Europa quiere controlar su propio dinero.El contraste con otras grandes economías es evidente. Estados Unidos ha avanzado en la dirección opuesta, impulsando la ley GENIUS para dar un encaje regulatorio a los inversores de criptomonedas, mientras China ya ha desplegado a gran escala su yuan digital. Europa está trazando una vía intermedia, respaldada por el Estado, fuertemente regulada y concebida para mantener la soberanía monetaria fuera de manos privadas.