Las violaciones están a la vista. Cualquier ciudadano puede comprobar en segundos si un comercio acepta pagos electrónicos o impone recargos. Las autoridades pueden constatarlo con solo caminar por las calles.
Recorre kilómetros bajo el sol. No busca un producto escaso, sino un comercio que le acepte pagar con el dinero depositado en la tarjeta magnética. La respuesta es casi siempre la misma: «No aceptamos transferencias».
Con suerte, le ofrecerán comprar con un recargo de 15 o 20 por ciento, pero no puede permitírselo.
Así funciona la bancarización en Cuba, a juzgar por una realidad fácil de constatar en cualquier lugar y denunciada con regularidad por usuarios de las redes sociales que habitan en diferentes regiones del país. Ojo: Pensada como facilidad, se ha convertido en obstáculo cotidiano para millones de personas.
Desde 2023, las resoluciones 93 del Ministerio de Comercio Interior y 111 del Banco Central de Cuba obligan a todos los actores económicos a aceptar pagos electrónicos.
Recientemente el Ministerio de Economía y Planificación reiteró esa responsabilidad para cumplir con una política dirigida a reducir la dependencia del efectivo y dar sentido a cuentas, en las cuales recibe sus ingresos la mayoría de los trabajadores y pensionados.
Pero, en la calle ocurre lo contrario: el cumplimiento es la excepción y la violación sistemática de la norma, sin que exista una proyección adecuada para revertir esa problemática.
El pequeño negocio que rechaza el pago digital no siempre actúa por mala fe. Muchas veces sus propios proveedores no aceptan transferencias o exigen efectivo. Si reciben el dinero en el banco, luego no pueden convertirlo en billetes para reponer la mercancía.
Esa es la gran paradoja: el Estado deposita los salarios en cuentas bancarias, pero buena parte de la economía sigue operando con lógicas del efectivo. La cadena se rompe.
A eso se suman los apagones que afectan la conectividad, las trabas entre plataformas de distintos bancos y la desconfianza por los fondos «congelados».
Ninguna de estas razones justifica violar la ley, pero ignorarlas condena al fracaso cualquier intento de hacerla cumplir.
Es por eso, que, aunque las disposiciones existen y han sido reiteradas, lo que realmente se requiere apunta a mayor control y fiscalización para que todo eso se cumpla.
El problema más grave no es la negativa, sino el recargo. Muchos comercios «aceptan» el pago electrónico con un 10 o 20 por ciento adicional. Quien usa los canales que la ley promueve termina pagando más caro que quien consigue efectivo.
La lógica se invierte: en lugar de incentivar la bancarización, se penaliza. Quien accede al efectivo compra más barato. Quien mantiene su dinero en el banco paga un sobreprecio o no compra.
Esto alimenta la especulación. Muchas personas recurren a redes informales de cambio electrónico, aceptando perder un porcentaje de sus ingresos para obtener billetes. El círculo se cierra: el efectivo escasea, pero es la única vía para acceder a productos básicos. El dinero en el banco es moneda de segunda categoría.
Las violaciones están a la vista. Cualquier ciudadano puede comprobar en segundos si un comercio acepta pagos electrónicos o impone recargos. Las autoridades pueden constatarlo con solo caminar por las calles.
Cuando alguien no puede acceder a alimentos, medicamentos o transporte porque su dinero está «atrapado» en el banco, el problema deja de ser técnico. Es la vulneración del derecho más elemental.
La bancarización fue concebida para ordenar la economía y reducir la informalidad. Sin condiciones reales —cadena integrada, fiscalización efectiva, sanciones, estabilidad— el resultado es el inverso: más exclusión, más informalidad, más desgaste social.
Ya hay leyes y han sido reiteradas. Lo que falta es voluntad para hacerlas cumplir y alternativas reales para que los negocios operen sin depender del efectivo.
Urge una fiscalización sistemática, no esporádica ni anunciada, y que las sanciones disuadan. Pero, sobre todo, constituye necesario que la voz de los ciudadanos tenga eco, porque el problema está en cada esquina.
Cuba ha creado un ecosistema de pagos electrónicos, pero no funcionará si las piezas no encajan. La más débil es la articulación entre lo que la ley manda y lo que la economía real permite. No se puede pedir a las personas que bancaricen sus ingresos, si después no pueden usarlos para comprar lo básico.
No se puede promover el pago electrónico mientras se tolera que quien lo usa pague más caro.
Cada negativa o recargo no solo viola una resolución, también rompe la confianza entre la política económica y la vida cotidiana. No se trata de señalar culpables, sino de reconocer un problema estructural que exige una respuesta consecuente.
El camino no pasa por emitir nuevas normas ni por repetir las existentes, lo importante es hacer que las actuales se cumplan, con controles efectivos y sanciones que nadie quiera enfrentar. Pasa por entender que la bancarización no es un fin en sí misma, sino un medio para que las personas puedan usar su dinero sin obstáculos.
Mientras ocurra lo contrario, la política no habrá fracasado en los papeles, pero estará fallando en lo único que realmente importa: la vida real.