Buenos Aires-. El expresidente argentino Mauricio Macri y varios de sus exfuncionarios están hoy bajo la lupa por las sucesivas pruebas halladas en su participación sobre el envío de armas para reprimir las protestas en Bolivia, en 2019.
Imputado en la causa por contrabando agravado, siguen saliendo a flote más documentos y material de la participación directa de su gestión en el envío de material bélico, utilizado para reprimir las manifestaciones sociales que se sucedieron bajo el gobierno de facto de Jeanine Añéz tras el golpe de estado al exmandatario Evo Morales.
La víspera, el Gobierno de Alberto Fernández amplío la denuncia por el contrabando de municiones contra el expresidente y otros tres exfuncionarios que se suman a la lista de acusados por este caso: el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie y el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.
De acuerdo con el documento presentado por el Ejecutivo actual ‘los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado y cómo Macri, ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando’.
La presentación de la denuncia, de la cual se hicieron eco varios medios como Página 12, precisa que desde la Casa Rosada se organizó la salida de las 70 mil balas antitumulto que terminaron en poder de la policía y de la Fuerza Aérea Boliviana el 13 de noviembre de 2019, cuando ya el golpe contra Evo Morales era un hecho.
En la ampliación, rubricada por el actual Ministro de Justicia, Martín Soria, su par de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, se resalta el rol de Macri como organizador del envío de armas a las fuerzas que apoyaron el golpe.
En tanto a su exjefe de Gabinete se le acusa de haber actuado como coordinador junto con Pompeo y a Faurie por haber dado la coartada que permitió la salida de las municiones al advertir que era necesario enviar un refuerzo de seguridad para la embajada argentina en La Paz.
El ministro de Justicia declaró a Página 12 que ‘cada vez surgen más pruebas de que el gobierno de Macri cargó las armas de la dictadura boliviana. No les quedó promesa por incumplir: llegaron al gobierno prometiendo la República y se fueron apoyando un golpe de Estado’, resaltó.
Según apuntan los hechos que llevaron a esta nueva denuncia, el 12 de noviembre de 2019, al filo de la medianoche, partió el Hércules argentino con 11 gendarmes a bordo, quienes llevaban también 70 mil balas antitumulto sin declarar, 40 mil de ellas terminaron en poder de la Fuerza Armada bolivia y 26 mil 900 de la Policía.
Aún resta saber qué pasó con las tres mil 100 restantes. Una de las hipótesis que manejaba el gobierno boliviano es que hayan podido ser cedidas a grupos paramilitares. La certeza es que ni uno solo de esos cartuchos volvió a Argentina con los gendarmes, reflejó Página 12.
Tras el escándalo desatado hace poco más de un mes por la participación del gobierno macrista en las protestas en Bolivia, aparecen además imputados otros exfuncionarios de su gestión como la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el extitular de la cartera de Defensa, Oscar Aguad, además del jefe de la Gendarmería y otros efectivos.
