La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano analizó en la mañana de este martes las medidas y acciones de enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales durante el primer semestre de 2023.
Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, destacó que las leyes penales aprobadas han dotado a la Fiscalía de herramientas legales que “le permiten el enfrentamiento a la actividad delictiva, con novedosas instituciones y alternativas procesales que posibilitan un mejor resultado”.
Como parte de las precisiones en la política penal y penitenciaria, ha sido prioridad el enfrentamiento a, entre otros, casos de violencia, violencia de género, robo, hechos que afectan las reservas materiales del país previstas para situaciones de desastres; otros relacionados con las drogas ilícitas; hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor; tráfico ilegal de divisas y delitos económicos.
Entre las directivas de trabajo, han estado utilizar con efectividad las medidas cautelares previstas en la ley y, en particular, la prisión provisional, así como identificar las cadenas delictivas.
Según la fiscal general, de 2 112 fiscales previstos, están en funciones 1 673 (79%). Se ha trabajado en la reorganización de esa fuerza –“el 35% de la plantilla se desempeña en los procesos penales”– y en la preparación sistemática y priorizada de esos profesionales.
“Continúa el proceso de perfeccionamiento de los procesos penales, con base en las experiencias en cada territorio”, dijo, e informó que en la primera mitad del año los fiscales realizaron 53 613 controles a procesos penales durante su tramitación (+ 6 028 respecto al primer semestre de 2022).
Igualmente, efectuaron 10 537 entrevistas a imputados para decidir la medida cautelar de prisión provisionales (+ 4 621 en comparación con el primer semestre de 2022) y recibieron concluidos 18 671 procesos penales (+ 3 093).
Entre los principales resultados en el enfrentamiento, mencionó, en cuanto a los términos de tramitación, el 88% de los atestados (procesos que tramita la PNR) concluidos en el plazo legal. Además, fueron concluidas 227 verificaciones fiscales a sectores priorizados y detectadas en ellos más de 1 000 violaciones de la legalidad, con 1 1 120 responsables identificados.
En un momento de gran complejidad en muchos de estos hechos, “la Fiscalía General de la República realizó precisiones a la política penal y penitenciaria, dentro del marco del debido proceso, en el enfrentamiento al delito, mediante el trabajo coordinado con los órganos especializados del Minint”, dijo Peña Ojeda.
Entre las áreas en las que seguir trabajando, destacó mantener la prioridad en el enfrentamiento, la calidad de la investigación penal y la respuesta jurídico-penal en correspondencia con la política del país, y las acciones para el completamiento de la plantilla y la preparación de los fiscales, así como la utilización de los de mayor experiencia en la revisión de la calidad del control de la investigación.
Al intervenir ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, ofreció información sobre el cumplimiento de la política penal y penitenciaria.
Destacó que la Constitución aprobada en 2019 reforzó el régimen de garantías de las personas naturales y jurídicas.
“Nuestro papel es juzgar y tomar decisiones con apego a la Constitución. Hacerlo con base en el debido proceso (trámites que se deben cumplir a lo largo de la investigación y el procesamiento, con garantías para las personas, como el derecho a abogado desde el mismo inicio) y un régimen ampliado de garantías para las personas. Por eso, la fiscal general insistió en el control de la calidad de los procesos”, afirmó Remigio Ferro.
Al abordar el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, en un momento de auge de esas manifestaciones, se refirió a la Instrucción No. 273 de 2022, “Política de rigor ante las conductas más nocivas que afectan a la sociedad y a la población”, emitida por el TSP, y explicó que va dirigida a guiar la política de enfrentamiento y penal en los tribunales, “no solo en el ámbito penal, sino en el laboral y el mercantil, en todos los ámbitos de Justicia”.
Luego de emitida la Instrucción No. 273, “fuimos provincia por provincia, a inicios de 2023, y en reuniones de trabajo explicamos a jueces de todo el país el proyecto. Cuando suben las manifestaciones de ilegalidad, la política judicial debe elevar la severidad y el rigor, no solo en multas, sino en sanciones accesorias y medidas cautelares”.
Entre las prioridades incluidas en esa política de rigor, enumeró la corrupción administrativa, las drogas, los delitos contra la economía nacional; el hurto, robo y sacrificio ilegal de ganado mayor; las actividades especulativas, la evasión de impuestos, el tráfico de divisas, las sustracciones de bienes en centros estatales y viviendas y la violencia de género o familiar.
“No solo el enfrentamiento a la hora de juzgar y aplicar sanciones, sino con medidas cautelares de rigor, preferentemente la de prisión provisional a reincidentes y multirreincidentes y a primarios comisores de hechos de gran lesividad social”, señaló.
Otros elementos de la Instrucción No. 273 son la prioridad en la tramitación de casos relacionados con esas prioridades; el rigor en las sanciones y en la combinación de sanciones principales y accesorias, y la severidad en la concesión de beneficios de excarcelación anticipada, previendo el cumplimiento de al menos dos tercios de la sanción impuesta.
“En esta política de rigor individualizamos, porque no es a rajatabla para todos. No es una política ciega. Hay que analizar caso por caso, quiénes son esas personas, cuáles son sus circunstancias”, comentó.
Entre los delitos de mayor impacto en la radicación (los que llegan a los tribunales), mencionó los de robo con fuerza en las cosas, robo con violencia e intimidación en las personas, tráfico de drogas, especulación y actividad económica ilícita.
Hasta el cierre de junio, de 1 078 controles solicitados al TSP, se mantuvo la medida cautelar de prisión provisional al 87.8% de los imputados.
“Se cumple, en sentido general, la política de sanciones. Al 69.4% de los sancionados se les impusieron penas que implican internamiento; al 21.5%, sanciones alternativas, y al 9.1%, multas”, precisó.
Igualmente, se impusieron decomisos, confiscación de bienes, prohibición de acercamiento a las víctimas y otras medidas.
Entre otros datos, se conoció que, con base en casos llegados a los tribunales: 1 273 personas fueron juzgadas por sacrificio ilegal de ganado, con sanciones (encierro, alternativas, multas) para 1 226; delitos asociados a las drogas: 360 juzgados y 352 sancionados, el 91% con encierro; malversación, 249 juzgados y 234 sancionados, el 71% con encierro; delitos contra el patrimonio (robo, hurto): 4 666 juzgados y 4 487 sancionados, el 73.4% con encierro; actividad económica ilícita: 52 juzgados y 48 sancionados, el 46% con encierro, y especulación y acaparamiento: 154 juzgados y 147 sancionados, el 35% con encierro.
En cuanto al control de sancionados que extinguen sanciones en libertad, informó que se ejecutaron ejercicios de control en abril y mayo en los cuales fueron visitados 32 570 (92.8%) de los casos. De ellos, 30 488 (93.6%) cumplían sus obligaciones y 2 082 (6.4%) fueron evaluados de regular o mal.
En esta actividad –explicó el presidente del TSP– cooperan la PNR, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública y Educación, entre otros, así como instituciones y organizaciones de masas.
“Hay una actividad sistemática para controlar el comportamiento de estas personas en sus comunidades, en el seno de sus familias y en centros laborales. Tiene que ser una actividad integral y se realiza desde hace 20 años. Hay talleres con organismos involucrados a nivel de municipios y provincias, que en ocasiones incluyen a los propios sancionados, y también se realiza un taller nacional”, dijo.