La creación de un observatorio binacional de Cuba y Venezuela para hacer seguimiento a las medidas unilaterales, coercitivas e ilícitas de EE.UU. y otros países, fue anunciada por la Vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, en la jornada de este sábado.
Cuba ha transitado durante décadas frente a un bloqueo criminal imperial, sin ningún tipo de asidero o respeto del derecho internacional, comentó Rodríguez, quien detalló que, en el caso de Venezuela, comenzaron a vivir el impacto de estas medidas en 2013, tras el deceso del entonces presidente Hugo Chávez.
Casi ocho años más tarde podemos decir con certeza de qué trata la guerra económica: busca asfixiar la economía de nuestros países por todas las vías e impedir cualquier tipo de ingreso de divisas, agregó.
La dirigente venezolana, quien se reunió en esta jornada con el Presidente de nuestro país, Miguel Díaz Canel Bermúdez y otros dirigentes cubanos, transmitió también el saludo del mandatario venezolano, Nicolás Maduro al Gobierno y pueblos cubanos.
Durante su visita de trabajo a Cuba, Rodríguez Gómez, dio declaraciones a la prensa sobre los beneficios de La Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada en Caracas el pasado 8 de octubre.
En la presentación estuvieron presentes el vice primer ministro cubano, Ricardo Cabrisas y el Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca quien explicó que Venezuela cuenta con el apoyo eficiente de Cuba, con experiencia de décadas en el enfrentamiento al bloqueo económico de los EE.UU.
La Ley Antibloqueo pretende establecer un marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición de medidas unilaterales y coercitivas de EE.UU. contra la nación bolivariana.
Principales fines de la Ley:
- Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales, cuyo impacto sobre la población constituye un crimen de lesa humanidad y afecta el derecho al desarrollo libre y soberano.
- Favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país, en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Constitucional del Plan Patria.
- Asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la soberanía plena sobre todas sus riquezas y recursos naturales, de conformidad con lo previsto en la Constitución venezolana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo y otras normas internacionales sobre la materia vigentes y aprobadas por la República.