Como parte del proceso de perfeccionamiento del comercio interior en el país, se aprueba la Resolución 40 del organismo rector con vistas a establecer el procedimiento para la licitación del arredramiento de los establecimientos del sistema del comercio interior.
La norma jurídica parte del reordenamiento de la red del comercio interior desde las Asambleas Municipales del Poder Popular. En ellas se define, del universo total de unidades, cuáles serán gestionadas por los diferentes modelos de gestión económica aplicados al sistema.
El Consejo de la Administración Municipal en el caso de las entidades de subordinación local y el gobernador para las unidades de alcance provincial tendrán la potestad de lanzar la convocatoria para el proceso de licitación de establecimientos y la confección de sus pliegos.
El viceministro de comercio interior, Yosvany Pupo Otero destacó que la norma tiene como novedad la licitación de establecimientos que están en funcionamiento y otros que están cerrados. Agregó que el objetivo de la resolución es rescatar y mejorar el funcionamiento de los establecimientos que hoy se gestionan de forma estatal o están en desuso.
Insistió en la necesidad de preservar los servicios básicos de la población y que no exista diferenciación desde el punto de vista del servicio, sin importar el modelo de gestión, “hay una tendencia a que desaparezcan los servicios personales y técnicos y se potencie la actividad de la gastronomía. La norma establece los requisitos que deberán cumplir los oferentes una vez firmado el contrato y se les da la posibilidad de ampliar su gestión comercial”.
Uno de los problemas que ha quebrantado el funcionamiento de locales arrendados por formas de gestión no estatales está asociado al incorrecto diseño del contrato y aclaró que antes de explotar comercialmente algún establecimiento, si fuese necesario, se realizará la reparación y mantenimiento del mismo.
Mencionó que en el país existen establecimientos que llevan años en proceso de construcción y no se terminan y no hubo una trasformación palpable en el servicio, “la disposición jurídica se complementará con los elementos contenidos en la directiva y el proceso de contratación estará precedido del pliego. En dicho documento se refrendan todos los elementos que permitan realzar el servicio”, acotó Pupo Otero.
Los locales y establecimiento que se arrienden en este periodo tendrán la obligatoriedad de vender sus productos y servicios en moneda nacional. Los Consejos de las Administraciones Municipales de conjunto con las empresas licitadoras negociarán los precios con los oferentes. En ese sentido, el viceministro resaltó la importancia del contrato como documento regulador y capaz de establecer los márgenes.
La asesora de la dirección jurídica del Ministerio de Comercio Interior, Yesnisleydis Anazagate Traba explicó que en la actualidad hay un amplio espectro de sujetos que podrán concurrir a la licitación en igualdad de condiciones y se elimina la prioridad otorgada a los trabajadores de la entidad ante el proceso de licitación.
Habrá que seleccionar la oferta más conveniente para el interés público y la decisión perseguirá la mejor relación de precios, calidad, financiamiento, preparación técnica profesional, generar empleo, promover la inclusión social, estimular y consolidar costumbres, así como tradiciones de la comunidad siempre en armonía con la estrategia de desarrollo local.
El periodo para la adjudicación del inmueble consta de 30 días hábiles. Los oferentes tendrán hasta 10 días para presentar el proyecto y en término de 12 días se hará pública la elección.
Yesnisleydis Anazagate, aclaró que las personas a las que se les adjudicó el inmueble para una actividad comercial tiene la posibilidad de contratar a los trabajadores del establecimiento o presidir de sus servicios, “los que no sean seleccionados para continuar trabajando en el centro no quedarán desamparados. La entidad arrendadora aplica lo establecido en la legislación laboral vigente”.
De acuerdo a estimados del Ministerio de Comercio Interior más de 700 establecimientos de la gastronomía y cerca de 300 unidades para la prestación de servicios podrían entrar en proceso de licitación, sin embargo la cifra podría variar de acuerdo a los interés puntuales de cada localidad.