La Paz, 8 ene (Prensa Latina) La identificación de siete sospechosos relacionados con la masacre de Sacaba el pasado año es reconocida hoy como un importante avance en la investigación de la violencia en Bolivia a raíz de las elecciones generales de 2019.
Las pesquisas señalan entre los principales responsables del lamentable acto que cobró la vida a 10 personas a dos policías, dos militares, entre ellos el general de Ejército Alfredo Cuéllar, un civil, y dos exautoridades del Gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez.
La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, aclaró que el Ministerio Público está en la etapa inicial de la investigación para determinar el grado de responsabilidad de los citados sospechosos respecto a los hechos, donde además decenas de bolivianos resultaron heridos y detenidos, señala el diario local La Razón.
Gonzáles explicó que los sospechosos fueron identificados a partir de las declaraciones de testigos y víctimas como resultado de las investigaciones, en un inicio entorpecidas por el Gobierno de facto.
De momento solo el general Cuéllar, entonces comandante de la guarnición militar de Cochabamba, es imputado formalmente, mientras el resto de los sospechosos fueron citados a declarar ante la justicia.
Entre los policías a investigar figura el excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita, acusado de asesinato.
En las elecciones generales de 2019 el presidente Evo Morales fue reelecto para un cuarto mandato, resultado que la derecha política se negó a aceptar y bajo el argumento de fraude electoral dio luz verde a un golpe de Estado apoyado por militares, policías y grupos violentos.
Seguidores de Morales y el Movimiento al Socialismo, y defensores de la democracia marcharon en varias partes del país exigiendo el retorno a la institucionalidad y fueron reprimidos violentamente por los uniformados,y entre esos hechos destacan las masacres de Senkata y Sacaba, en las cuales una treintena de personas perdió la vida.
Los militares y policías implicados fueron indultados por el Gobierno de facto, y la investigación sobre los hechos torpedeadas por las autoridades, lo que fue denunciado en más de una ocasión por víctimas y familiares de los fallecidos.
El pasado 21 de diciembre el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, pidió a la justicia reabrir las investigaciones relacionadas con personas fallecidas en el contexto del golpe de Estado de noviembre de 2019.
‘La gente solo pide justicia, nada más. Saber quién ha disparado, por qué lo ha hecho y bajo qué orden y, obviamente, ese responsable debe purgar las sanción penal respectiva’, dijo entonces la autoridad.
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