De saco y corbata, apenas puso un pie fuera de la prisión de Neumünster, el ex presidente catalán Carles Puigdemont cedió los primeros minutos de su flamante libertad condicional, obtenida por una fianza de 75.000 euros, para cambiar la ubicación geográfica de su cuenta de Twitter: de Neumünster, ciudad que aloja la cárcel de 1905 donde Puigdemont durmió doce noches, a Berlín, su nueva morada.
Desde fines de octubre de 2017, cuando aprobó la declaración de la independencia de Cataluña y huyó, el ex presidente lleva una vida nómade que, según en qué escala del itinerario se encuentre, le plantea diferentes escenarios jurídicos para su futuro personal y político.
La decisión de la justicia alemana de no aprobar su extradición por el delito de rebelión pero sí considerar la malversación de fondos públicos como materia de estudio para entregarlo o no a España coloca al Tribunal Supremo ante la paradoja de, aunque Alemania decidiera extraditar a Puigdemont, no poder juzgarlo por el delito del cual se lo cree principal responsable: rebelión.
La pena por rebelión contempla hasta 30 años de prisión, condena que sí podrían enfrentar el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y los ex funcionarios del gobierno de Puigdemont que están detenidos y procesados en España por el juez Pablo Llarena.
Si Alemania entregara al ex presidente, Llarena podría juzgarlo sólo por haber utilizado dinero de la Generalitat para solventar los gastos -estimados en 1,6 millón de euros- para realizar el referéndum de autodeterminación que Puigdemont llevó a cabo en Cataluña fuera de la legalidad. La condena máxima que podría enfrentar el ex presidente sería de 12 años.
El juez español, si quisiera insistir con la acusación de rebelión, podría hacerlo: debería aguardar que Puigdemont cumpla la condena por malversación y esperar 45 días. Recién allí podría procesarlo en suelo español por el delito de rebelión.
España levanta la orden de detención
Llarena podría, también, inclinarse por levantar una vez más la orden europea de detención que libró contra Puigdemont -ya lo había hecho en diciembre para evitar que fuera juzgado en Bélgica, donde se autoexilió, por menos delitos de los que se lo acusa en España- mientras el catalán regresaba a su refugio belga de un viaje a Finlandia.
En este escenario, el ex presidente podría volver a circular por Europa sin inconvenientes y seguir adelante con su estrategia de “internacionalizar la causa catalana”. Pero sin pisar España, donde la orden de detención en su contra no tiene fecha de vencimiento.
(Tomado de El Clarín)