Desempleo, desafiliaciones masivas de la seguridad social y reducción del presupuesto a las universidades públicas son algunas de las quejas de los ecuatorianos.
Este jueves, cientos de personas tomaron las calles en varias ciudades de Ecuador en defensa de la educación, la salud, el empleo y la seguridad social, y para expresar su descontento por el nuevo acuerdo alcanzado por el Gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La manifestación fue convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que aglutina a varias centrales sindicales; a la cual se han sumado organizaciones sociales y estudiantiles, como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).
Las movilizaciones se realizan en 17 de las 24 provincias del país. En Quito, la capital ecuatoriana, la concentración principal es en el centro de la ciudad, frente al conocido Parque El Ejido.
“Nuestras demandas son para defender a los que están desempleados, que el Gobierno no sigan despidiendo trabajadores en el sector público, que se garantice la salud y la educación”, dijo Mesías Tatamuez, presidente del FUT, este miércoles.
📣📣MOVILIZACIÓN
Este #jueves #22oct estaremos en las calles, una vez más, en contra de las medidas neoliberales del gobierno. ✊#NoMásDespidos#NoALaPrivatización#NoALaPrecarizaciónLaboral pic.twitter.com/VZJhY5WfXS
— Frente Unitario Trabajadores (@FUTtrabajadores) October 20, 2020
Entre otras cosas, desde el FUT han señalado que se oponen a la denominada “Ley de apoyo humanitario“, que entró en vigor en junio pasado, y que fue impulsada por la administración de Moreno para paliar la situación, producto de la pandemia del coronavirus.
Según Edwin Bedoya, dirigente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), que forma parte del FUT, esa normativa “precariza la situación laboral, permite el despido intempestivo irrespetando los derechos laborales y no genera trabajo”.
Desde la organización, además, consideran que desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) “maquillan” las cifras de desempleo que han ofrecido en los últimos meses. Según datos de esa institución, entre junio y septiembre, la tasa de desocupación en el país bajó de 13,3 a 6,6 %, luego que 477.000 personas comenzaran a trabajar.
Asimismo, manifiestan su descontento por las masivas desafiliaciones ocurridas este año en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según datos de la FUT, contabilizan alrededor de 400.000 desafiliados; cifra que no se aleja mucho de la realidad, pues en agosto pasado, la propia institución informó que unos 304.000 ciudadanos se desvincularon de la entidad.
Desde la FEUE, por su parte, se expresan contra la reducción al presupuesto de la educación superior, que ha afectado gravemente a este sector. A principios de mayo pasado, la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano (ASESEC) denunció que hubo un recorte de más de 98.210.190 dólares al presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas del sistema público del país.
El nuevo crédito
Los manifestantes también rechazan que el Gobierno de Moreno haya alcanzado un nuevo acuerdo con el FMI, que incluye un crédito por 6.500 millones de dólares, de los cuales el país ya recibió 2.000 millones, y está previsto un nuevo desembolso de igual monto en diciembre próximo.
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Desde el FUT denuncian que, como parte del compromiso del Gobierno con el FMI, en el progrma se incluyó la posibilidad de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en tres puntos porcentuales, pasando de 12 a 15 %.
“Mes de resistencia y lucha popular”
Octubre ha sido declarado por las organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores como el “mes de la resistencia y lucha popular”, al recordar un año del estallido social en contra del Gobierno de Moreno.
Ese levantamiento popular se dio, justamente, en rechazo a un primer acuerdo de Moreno con el FMI, que obligó a la aplicación de varias medidas de austeridad, entre ellas, la eliminación del subsidio al diésel y las gasolinas extra y ecopaís, las más consumidas, lo que generó la subida de sus precios.
Tras 11 días de protestas, se registró un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos, 11 personas perdieron un ojo por el impacto de lacrimógenas y piedras— y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.