El juicio que analiza el último recurso de Julian Assange para evitar su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de espionaje, comenzó este martes en Londres sin la presencia del fundador de WikiLeaks, que se sintió indispuesto, según su abogado.
“No se sentía bien hoy y no está presente”, declaró su abogado, Edward Fitzgerald, al inicio de la audiencia.
Dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Londres examinarán durante dos días la decisión de la justicia británica que el 6 de junio denegó a Assange el derecho a recurrir su entrega a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por una filtración masiva de documentos confidenciales. Este ciudadano australiano, de 52 años, creó en 2006 un medio de comunicación sin ánimo de lucro llamado WikiLeaks, que publicó, según el propio sitio, más de diez millones documentos clasificados, proporcionados por fuentes anónimas.
WikiLeaks sacó a la luz imágenes del ataque aéreo del 12 de julio de 2007 en Bagdad, en el que periodistas iraquíes y varios civiles fueron asesinados por la tripulación de un helicóptero estadounidense.
Estados Unidos se encontró de pronto con un medio que desvelaba documentos secretos filtrados desde el Pentágono sobre sus operaciones en Irak y Afganistán, además de correspondencia secreta del gobierno y de sus embajadas en todo el mundo.
En 2010, cuando WikiLeaks alcanzó su cota máxima de popularidad con aquellas filtraciones, Suecia reclamó el apresamiento de Assange por dos acusaciones, una por la violación de una mujer y otra por acoso sexual, durante una visita a Estocolmo para dar una conferencia.
Poco después, en junio de 2012, ante el acoso al que estaba siendo sometido y para evitar su extradición, Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo siete años, durante el gobierno de Rafael Correa. Con la llegada al poder de Lenín Moreno a Ecuador, el país dejó de dar asilo al australiano y Assange fue detenido en abril de 2019 por la policía británica y encarcelado en la Prisión de Belmarsh, de alta seguridad, en el sureste de Londres.
Su esposa Stella Moris reveló en 2020 que tuvo dos hijos con Assange mientras él vivía en la embajada de Ecuador en Londres y ella formaba parte del equipo legal que trabajaba para él. Estados Unidos quiere enjuiciar a Assange, acusándolo de espía por los secretos militares divulgados, sobre todo los referentes a las operaciones militares en Irak y Afganistán. Washington lo acusa de publicar unos 700 000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses a partir de 2010.
El gobierno británico aceptó en junio de 2023 su extradición, cuando el magistrado Jonathan Swift le denegó el permiso de seguir recurriendo en este país y dio por buena la orden para enviarlo a Estados Unidos.
La justicia británica dio luz verde a la extradición, después de que Washington aseguró que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence (Colorado), apodada “Alcatraz de las Rocosas”.
En caso de extradición, Assange podría ser condenado a décadas de prisión en Estados Unidos.
Por eso, a principios de febrero, la relatora especial de la ONU sobre la tortura, la abogada australiana Alice Jill Edwards, pidió al gobierno británico “suspender la inminente extradición de Julian Assange”. “Sufre desde hace mucho tiempo un trastorno depresivo periódico y existe el riesgo de suicidio”, dijo Edwards.
En su opinión, “el riesgo de que se le mantenga en régimen de aislamiento pese a su precaria salud mental y de que su condena pueda ser desproporcionada, plantea la cuestión de si la extradición sería compatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.
La semana pasada, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, también criticó el prolongado proceso contra Assange.
El parlamento australiano había aprobado en la víspera una moción apoyada por el primer ministro que pedía el fin del enjuiciamiento de Assange, para que pueda volver con su familia en Australia.
“La gente tendrá opiniones diferentes sobre la conducta de Assange, pero independientemente de la posición de la gente, esto no puede seguir y seguir indefinidamente”, defendió Albanese ante el Parlamento.
Durante las jornadas previas al juicio, su esposa y gente cercana habían alertado sobre el frágil estado de salud del australiano de 52 años. “Su salud está empeorando, física y mentalmente. Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y, si es extraditado, morirá”, afirmó su esposa Stella Assange el jueves, en una rueda de prensa en la capital británica.
Antes del inicio del juicio, un grupo de apoyo al fundador de WikiLeaks se manifestó este martes frente al tribunal, gritando “Liberen a Julian Assange”. “Julian necesita ser liberado y todos necesitamos la verdad”, afirmó su mujer a las puertas del lugar donde se desarrolla el juicio.
En declaraciones el lunes a la cadena británica BBC, su mujer dijo que si su marido pierde esta vista “ya no tendrá ninguna posibilidad de apelación” en el Reino Unido.
¿Qué puede pasar en el juicio?
Tras escuchar a los representantes del periodista y activista de 52 años y a la Fiscalía británica, en representación de la Justicia estadounidense, los jueces podrían dictar su fallo de inmediato este miércoles o posponerlo. Ante un doble escenario, Assange afronta dos posibles resultados: que los dos magistrados le autoricen a recurrir las partes de su caso que hasta ahora su defensa no había abordado -lo que iniciaría un nuevo juicio- o que, en cambio, coincidan con Swift en prohibírselo, lo que activaría el mecanismo de entrega a EE. UU. En el segundo supuesto, sus abogados solicitarán inmediatamente medidas cautelares de urgencia al Tribunal Europeo de Recursos Humanos (TEDH), en virtud del artículo 39 de su reglamento, para detener la extradición, mientras elevan un recurso ante la corte europea, señalaron fuentes a Efe.
Estas mismas fuentes indicaron que no descartan que el Gobierno británico, que tramita una legislación precisamente para poder obviar esas órdenes del TEDH -que impidieron, por ejemplo, que en abril de 2022 pudiera deportar a migrantes a Ruanda-, se movilice para eludir esas medidas.
En el dictamen del pasado junio, Swift dio por buena la autorización de extradición firmada el 17 de junio de 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel. En caso de que el Tribunal Superior también la acepte, se entiende que debería ser reafirmada por el actual ministro del ramo, James Cleverly.