La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su sesión del 21 de diciembre de 2021, correspondiente al Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, aprobó la Ley No. 145 del Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, publicada en la Gaceta Oficial el 24 de noviembre de 2022, y entrada en vigor, posteriormente, en marzo del actual año.
Como objetivos esenciales y actualizados, la normativo define aspectos como los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, su contenido, ámbito, alcance, instancias de aprobación y su gestión; y las responsabilidades del Consejo de Ministros, los órganos locales del Poder Popular, del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), las delegaciones provinciales y direcciones municipales.
También propone el régimen jurídico y urbanístico del suelo, con su clasificación y calificación, a partir de la definición de su uso, vocación y destino, con una ocupación y utilización sostenible, equitativa, equilibrada y racional; los instrumentos para la gestión del suelo que permitan su uso de manera racional y sostenible; el catastro nacional y las zonas con regulaciones especiales; los actores que intervienen en el ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, participación y comunicación, responsabilidades y deberes; la inspección, el control y la disciplina territorial y urbana; y las responsabilidades y deberes de los organismos de la Administración Central del Estado y de otras entidades.
Recientemente, el Inotu, organismo rector del ordenamiento territorial y urbano en el país, y encargado de hacer cumplir la Ley No. 145, rindió cuentas ante la ANPP sobre la marcha del proceso de implementación de esta normativa.
Sobre los aspectos fundamentales que se están llevando a cabo en la implementación de esta legislación, conversó con Granma Ibis Menéndez-Cuesta González, directora general de Planeamiento del Inotu.
Contextualizó la directiva que la Ley aborda varios aspectos novedosos, que se incorporaron desde el punto de vista del ordenamiento, como la construcción de viviendas en azoteas estatales; la declaración de las incompatibilidades, que se dan por usos en determinados territorios y que debían estar declaradas en los instrumentos legales; y la declaración de los barrios degradados, precarios e informales, los cuales tienen que estar abordados desde el planeamiento, con las propuestas de transformación incluidas.
UNA ACTUALIZACIÓN NECESARIA PARA EL ORDENAMIENTO URBANO
En estos momentos y como parte de la Ley, indicó, se encuentran en proceso de actualización en el país los instrumentos y planes de ordenamiento urbano específicamente, pues las mayores incidencias, ilegalidades e incompatibilidades se dan en las áreas urbanas, con rara ocurrencia en territorio rural.
Hasta ahora, precisó, ya está aprobado el plan de ordenamiento urbano de la ciudad de Pinar del Río, y en los próximos meses analizarán en las asambleas municipales del Poder Popular el resto de las actualizaciones.
Asimismo, puntualizó, se está estudiando a la vez el potencial de las azoteas estatales, para incorporarlo, de forma legal y ordenada, a estos instrumentos y planes que se vayan formulando en los municipios y provincias del país.
El otro tema que se informó ante la ANPP, como parte de la implementación de la Ley, fue el de la gestión del suelo.
Subrayó Menéndez-Cuesta González que, a partir de todas las gestiones que han venido realizando, se ha elevado considerablemente la satisfacción en la solución a los trámites relacionados con el suelo.
En la actualidad, más del 90 % ha sido resuelto con una reducción de los expedientes fuera de término.
Sin embargo, señaló, en este acápite, el problema mayor está en la necesidad de urbanizar, el suelo; de ahí que, cuando se hace un análisis riguroso y detallado de las solicitudes de entrega de parcelas para la construcción de viviendas, muchas veces se niegan por falta de urbanización.
Explicó que la solicitud de la población entra por las direcciones municipales del Inotu, en las que se conforma el expediente y hay algunas solicitudes que se deniegan por errores en su conformación, o porque la parcela solicitada no aplica.
No obstante, más del 90 % de esos expedientes se traspasa a los Consejos de Administración, que son quienes realmente evalúan y entregan el suelo, pero más del 80 % de estas solicitudes las tienen que denegar, precisamente porque no tienen parcelas urbanizadas, señaló.
«Entonces la mirada tiene que estar, y fue lo que se acordó ante el Consejo de Estado y la ANPP, en la prioridad de urbanizar suelos, y, desde los gobiernos hay que potenciar este tema, pues si no tenemos suelo urbanizado y preparado, no se puede entregar», aseveró.
Un suelo preparado –explicó la Directora General de Planeamiento del Inotu– es aquel dotado de condiciones mínimas.
De acuerdo con la Ley, esas condiciones mínimas son, al menos, el trazado y delimitación de las vías; la correcta delimitación de las parcelas, una fuente de abasto de agua, electricidad, una solución de residuales, y drenaje.
Otro tema abordado en la reciente rendición de cuenta y en el que se avanza –según la directiva del Inotu– es en la erradicación de las ilegalidades, aún cuando no se logra frenar que aparezcan nuevas ilegalidades, pero la solución a las que aparecen marcha en un alto porciento, aunque las pendientes de años anteriores todavía no se logran solucionar.