Congresistas oficialistas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Bolivia denunciaron que un representante estadunidense, que estuvo presente en la sesión legislativa que destituyó al Fiscal General Roger Mariaca –preso tras ser acusado por Washington de nexos con el narcotráfico–, sobornó a parlamentarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional para incidir en la decisión.
La senadora Ana María Crispín acusó que el representante estadunidense, quien fue acompañado por otros tres extranjeros, uno de ellos argentino, asistió para vigilar que se cumpla “el interés que tienen”(los estadunidenses) sobre el caso de Mariaca, quien dirigía las investigaciones contra el asesor político ultraderechista argentino Fernando Cerimedo.
Al ser interpelado por Crispín, el aludido –identificado luego como Hermes Grullón– se presentó como “representante de la embajada de Estados Unidos” y explicó que “desde el Escudo de las Américas estamos apoyando un momento muy importante para el país”.
Crispín lo señaló de entregar sobornos a cambio de votos, mediante un QR que el estadunidense mostró en su teléfono a una legisladora. El diplomático respondió que el código era para compartir su contacto de WhatsApp.
Nombran a un interino
José Armando Urioste fue elegido como fiscal general interino por el congreso de Bolivia, en remplazo de Mariaca, apenas el presidente Rodrigo Paz promulgó una nueva ley que faculta a la ALP para hacer esta designación.
“Hay más de dos tercios, por lo tanto, ha sido seleccionado el abogado José Armando Urioste”, apuntó el presidente del Senado, Diego Ávila.
Mariaca fue aprehendido el 30 de septiembre por la policía, luego de que el Departamento de Estado estadunidense restringió su visa por su “participación en actos de corrupción significativa”, así como por, supuestamente, aceptar sobornos del narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia, acusaciones de las cuales no presentó pruebas.
El ex fiscal es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, cargos que él niega. Mariaca cumplirá prisión preventiva por seis meses en un penal del sur del país mientras es investigado.
La secretaría de Gobierno sostiene que el ex titular del Ministerio Público habría brindado protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado por la policía en marzo con ayuda de la DEA y expulsado a Estados Unidos.
También fueron detenidas esta semana otras 13 personas. Tres fiscales, seis funcionarios de la fiscalía y cuatro individuos que presuntamente intentaron retirar unos 300 mil dólares del domicilio de Mariaca.
(Con información de La Jornada)