La Habana-. Cuba avanza en la elaboración e instrumentación jurídica de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que establece el ejercicio progresivo de ese derecho, afirmaron hoy especialistas del Ministerio de la Agricultura (Minag).
De acuerdo con el sitio web de esa cartera, tras un año de labor de representantes de 22 organismos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de Cuba, ese instrumento legal está en su segunda etapa relativa al proceso de circulación, conciliación y aprobación, junto con su reglamento.
Luego de cumplir un riguroso cronograma el anteproyecto de Ley Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional se presentó al Buró Político del Partido Comunista de Cuba, el pasado 20 de julio, y se aprobó continuar el proceso de aprobación y presentación al Consejo de Ministros, con las conciliaciones y criterios vertidos, comentó Orlando Díaz, director Jurídico del Minag.
Esa nueva norma jurídica es acompañada por el proyecto de colaboración Fortalecimiento de políticas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba, financiado por la Unión Europea e implementado por el Minag y la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO).
De acuerdo con la letra del nuevo instrumento legal, su principal impacto será el ejercicio del derecho a la alimentación y las condiciones que ha de crear el Estado para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, sobre la base de la gobernanza de los sistemas alimentarios locales.
Asimismo, tanto la ley cono su reglamento conformarán el marco regulatorio específico para salvaguardar la alimentación sana y adecuada de la población en Cuba, además de pautar un sistema de educación nacional relativo a las buenas prácticas alimentarias en aras de prevenir enfermedades asociadas a la nociva y deficiente alimentación.
Se trata, afirmó Díaz, de una legislación de carácter general que regirá toda la gestión de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles de la nación.
Explicó, además, que la experiencia internacional y un estudio de derecho comparado arrojó que los países, fundamentalmente en América Latina y el Caribe, que han legislado sobre el tema lo hicieron a través de leyes, experiencia tomada por la isla.
A ello se añadieron intercambios con expertos nacionales e internacionales sobre buenas prácticas en torno a los programas alimentarios, pérdidas y desperdicios de comida, sistemas de monitoreo y evaluación de la seguridad, comercialización e inocuidad de los alimentos.
