Muestra de la importancia y prioridad que el Estado cubano brinda a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en adecuación con el actual contexto y necesidades, lo constituye la Política de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Juventudes, aprobada este jueves, junto a su Plan de Acción 2023-2030, por los diputados al Parlamento.
El vice primer ministro, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, al presentar la propuesta significó que esta se corresponde, además, a la necesidad de transformar la legislación vigente, en correspondencia con la Constitución de la República aprobada en 2019, y con los principios fundamentales que ratificó el 8vo Congreso del Partido.
Tras amplio debate, diputados cubanos aprueban Política para la Atención integral de la niñez, la adolescencia y las juventudes, documento de elevada trascendencia para el futuro del país.
La Política –puntualizó el dirigente– se orienta a articular a todos los factores que intervienen en la atención y protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cubanos, en todas las etapas de su vida y cualesquiera que sean sus condiciones, al tiempo que transversaliza sus derechos y concibe a las nuevas generaciones como actores estratégicos del desarrollo del país.
Resaltó que las primeras ideas para la propuesta se gestaron en los debates de la comunidad académica y científica del país, con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. A su vez, se constituyó un grupo temporal coordinado por dos Vice Primeros Ministros y con la participación de más de 27 instituciones y organismos.
Indicó al respecto que, con el propósito de fortalecer la visión participativa e inclusiva de todos los factores en su elaboración, fue sometida a consulta pública, en la que participaron alrededor de 20 000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a través de cuestionarios y foros en las redes de revistas Pionero y Alma Mater y el Periódico Juventud Rebelde, a la vez que se han tomado en cuenta criterios recogidos por la dirección del país en encuentros con jóvenes.
De igual forma, dijo, se consideraron los criterios de los diputados a partir de la presentación del proyecto de Política a la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, así como los derivados del análisis realizado en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el Secretariado del Comité Central y en el Buró Político del Partido.
Ponderó Perdomo Di-Lella que en la actualidad el 35% de la población cubana tiene menos de 30 años, de ahí la importancia de que el alcance de la Política esté concebido para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos titulares de derechos, cuya garantía debe materializarse a nivel colectivo e individual.
Como resultado del trabajo se presenta la Política y un Plan de Acción 2023-2023. En el caso de la Política, precisó Di-Lella que su objetivo general es propiciar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el respeto pleno a sus derechos, su protección e inclusión social con equidad y su contribución al desarrollo social y la unidad nacional, a partir de articular las políticas, legislaciones y normativas nacionales y los compromisos internacionales en materia de niñez, adolescencia y juventudes.
Respecto al Plan de Acción, puntualizó el Vice Primer Ministro que constituye un mecanismo indispensable para la implementación de la Política, pues define las principales acciones a desarrollar, así como los destinatarios, organismos e instituciones responsables de aplicarla.
Detalló que el Plan comprende 120 acciones, de las cuales el 76 % están concentradas en la primera etapa a desarrollarse de 2023 a 2025, al tiempo que es una propuesta abierta que se continuará enriqueciendo y un instrumento de trabajo que requerirá monitoreo permanente para su evaluación y cumplimiento.
La diputada Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, al dar a conocer el Dictamen sobre la Política, significó que esta reconoce las fortalezas de las que se parte y destaca aquellas áreas que requieren mayor apoyo y trabajo conjunto de todos los sectores que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los implicados en la norma.
Destacó que su elaboración intersectorial y multidisciplinaria contó con la participación activa de la sociedad civil cubana, en particular las organizaciones estudiantiles y juveniles, al tiempo que se realizó un diagnóstico de la situación actual y la propuesta de acciones para su tratamiento y correspondientes estudios de referentes normativos comparados.
El documento –agregó– contiene una sistematización de los antecedentes, la situación actual, la situación demográfica, las potencialidades y una descripción exhaustiva de las problemáticas generales y específicas.
Asimismo, resaltó Santana Bello que resulta relevante que la Política se defina en un marco político de largo término, con acciones que se organizan desde el corto y el mediano plazo, y debe articularse con otras políticas y normativas nacionales orientadas a propiciar el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Sobre su implementación, recalcó que requiere de acciones integrales, intersectoriales e interinstitucionales, encaminadas a asegurar que en los entornos donde transcurren las vidas de los niños, adolescentes y jóvenes existan las condiciones sociales, humanas y materiales, que garanticen la promoción y potenciación de su pleno desarrollo.
Igualmente, destacó que son adecuados los enfoques que orientan las acciones de la Política: enfoque de derechos, de desarrollo integral, del ciclo de vida, generacional, de equidad e interseccionalidad. Estos se articulan con el enfoque de género, el territorial, la atención a la condición de discapacidad y la lucha contra el racismo y la discriminación racial.
En razón de lo antes expuesto, aseveró la diputada, resulta la plena correspondencia del proyecto de la Política con la Constitución de la República y su consecuente inserción en el orden legal y género.
UNA POLÍTICA CONTINUADORA DEL PROCESO REVOLUCIONARIO
En el amplio debate de los diputados sobre la Política, previo a su aprobación, José Carlos Cruz Sandoval, diputado por Baraguá, Ciego de Ávila, significó que el documento asegura la continuidad del proceso revolucionario, al tiempo que ratifica el hecho de que Cuba sea signataria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros documentos relacionados con la protección de estos grupos poblacionales.
A su vez, reiteró que la propuesta ratifica la voluntad del Estado de respetar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de ser un reflejo coherente de los documentos rectores sobre los cuales el país está construyendo el socialismo.
Señaló el diputado que es importante tener en cuenta las distintas miradas en la atención a estos sectores, como por ejemplo los entornos rurales y urbanos, y en las tecnologías de la información y las comunicaciones, en cuanto a su uso seguro y responsable y la formación de valores desde el espacio digital.
La diputada Karla Santana Martínez propuso incluir como uno de los principios orientadores de la política la participación activa pues a pesar de ser una idea manifiesta a lo largo del documento, esta incorporación independiente garantiza, precisamente, ese protagonismo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos centrales del proceso de aprendizaje para la vida y en la toma de decisiones en nuestros diferentes entornos.
Añadió que la «participación no se da espontáneamente, sino que depende de la capacidad que tengamos de generar estrategias participativas, de crear espacios y medios, instituciones, mecanismos y recursos de participación».
Santana Martínez afirmó que esta es una condición indispensable para que «nosotros, como sujetos principales de esta política, podamos ejercer el dominio sobre los elementos de nuestra vida cotidiana, encaminar nuestros proyectos de vida con este acompañamiento y porque la participación como principio también tiene un carácter instrumental en la satisfacción de otros derechos».
Yamila González Ferrer, diputada por Mantua, Pinar del Río, calificó a la Política como un documento estratégico fundamental para articular, de manera integral, la atención de quienes constituyen el presente y futuro de nuestra nación.
Con respecto al contenido de la norma, puntualizó que, si bien en el Plan de Acción se hace referencia a cuestiones relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, debe reflejarse con más fuerza el plan la actualización del Programa Nacional de Educación Sexual, así como la implementación de la Resolución del Ministerio de Educación sobre la Educación Integral de la Sexualidad.
Sugirió también visibilizar en el Plan de Acción, de manera más directa y transversal, elementos vinculados a la cultura de paz, la conciencia cívica y la responsabilidad medioambiental.
La diputada Mariela Castro Espín, quien se desempeña además como directora del Centro Nacional de Educación Sexual, destacó que la educación de la sexualidad ocurre de manera permanente o dirigida científicamente – seamos conscientes o no de ella – y la escuela en su programa de educación sexual riguroso, que se está reflexionando como parte del mecanismo de perfeccionamiento de la educación, requiere el apoyo de todas las instituciones y de la sociedad.
Significó que las instituciones educativas solas no pueden llevar esas tareas, pues la educación de la sexualidad llegará también por las vías no formales, donde las instituciones culturales juegan un papel importante.
También resaltó que la educación de la sexualidad se da de manera permanente y espontánea en la vida cotidiana, en la familia, en la relación de los adultos, en la manera en que se enfrenta la violencia, en los roles de masculino y femenino en la vida doméstica también estamos dando educación de la sexualidad, por tanto, creo que esta política está abriendo un camino para el desarrollo de otras políticas, programas y proyectos.
Castro Espín propuso que dentro de las líneas estratégicas se valoren la posibilidad de incluir una de vulnerabilidad social, y en cuanto a los principios que orientan la política se añada el de intersectorialidad.
Además, recomendó que la Política no solo se destaque la responsabilidad del Consejo de Ministros en el proceso de monitoreo y evaluación, sino también a la ANPP en las Comisiones Permanentes de trabajo.
Inés María Chapman, diputada y vice primera ministra, enfatizó en elementos importantes para las condiciones actuales de la sociedad cubana como lo son las redes sociales digitales. «Tenemos que trabajar mucho en cómo enfocarnos en la transformación de la sociedad cubana para avanzar y desarrollarla, teniendo en cuenta el uso de la tecnología de la información y la comunicación y el enfrentamiento a la colonización cultural», argumentó.
Valoró que se trata de un desafío que debemos enfrentar y por eso se integra dentro de esta Política en un programa que se denomina Sembrar Conciencia, y que va dirigido contra la colonización cultural.
La diputada Aylin Álvarez García, miembro del Consejo de Estado y primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, destacó que esta propuesta reafirma la voluntad estatal en beneficio de las nuevas generaciones de cubanos.
Subrayó que la consulta popular desarrollada por el Centro de Estudio de la Juventud fue un ejercicio de plena participación, donde surgieron valiosas propuestas asumidas en el Plan de Acción de esta propuesta.
Resaltó la participación del universo juvenil en los debates y la elaboración de esta Ley, y la incorporación explícita del término adolescencias desde el título, pues visibilizarlo es ganancia para todos.
Es necesario, dijo, que la población beneficiada de esta política perciba los beneficios y esta no presente burocracia y tenga un impacto real en la vida de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
Comentó la importancia de educar a las generaciones no solo en el camino de la toma de decisiones, sino que participen en el país que aspiran y el cual todos necesitamos.
«Si queremos mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, tenemos que dotarlos de una mejor educación. Impulsemos que su proyecto de vida sea en Cuba y por Cuba», concluyó.