Los diputados de las provincias Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo analizaron este miércoles, mediante videoconferencia, los cuatro anteproyectos de leyes presentados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP) ante el Parlamento cubano el pasado 14 de mayo, y que serán sometidos a su consideración en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.
Desde la presentación de las propuestas de normas del Código de Procesos, el Proceso Administrativo, el Proceso Penal y los Tribunales de Justicia, la Asamblea Nacional del Poder Popular (anpp) ha recibido más de 1 500 opiniones, tanto de la población como del sector jurídico, las cuales se están procesando, según informó al inicio del intercambio Yumil Rodríguez Fernández, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Como parte del cronograma de debate establecido para los diferentes territorios, hoy serán examinados los anteproyectos por los diputados de la zona central y mañana lo harán los de las provincias occidentales.
Hacia una nueva Ley del Proceso Penal más moderna
Las opiniones emanadas de estos intercambios permitirán enriquecer las propuestas normativas, de las cuales emergerán leyes más robustas y modernas, aseguró Rubén Remigio Ferro, presidente del tsp, quien tuvo a su cargo la exposición de los principios generales de los proyectos.
En la jornada participaron Ana María Mari Machado y Homero Acosta Álvarez, vicepresidenta y secretario del legislativo cubano, unidos a magistrados y representantes de la Fiscalía y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, entre otros invitados.
JUSTICIA EFECTIVA Y TRANSPARENTE
Los cuatro anteproyectos, subrayó durante su intervención Rubén Remigio Ferro, toman en cuenta la Disposición Transitoria Décima de la Constitución y los derechos y garantías de las personas estipulados en la Carta Magna, en especial, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
También consideran los Lineamientos, las recomendaciones del Parlamento, los instrumentos internacionales ratificados por Cuba y las disposiciones dictadas por el Consejo de Gobierno del tsp, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, a lo que se suman las investigaciones desarrolladas en estas materias y las mejores experiencias internacionales.
Sobre el anteproyecto del Código de Procesos, aseguró que se elimina la diversidad de procedimientos para tramitar los asuntos, al establecerse tipos estandarizados de procesos, comunes para todas las materias que regula el Código (civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social). Y, al mismo tiempo, se suprimen trámites burocráticos, superfluos e intrascendentes, con lo cual se agilizan y simplifican las gestiones.
Similar a las demás propuestas, en esta, sentenció, se incrementan los asuntos que conocerán, en primera instancia, los tribunales municipales populares y sus secciones territoriales. En tanto, se amplía el acceso a la vía judicial de determinados casos que así lo requieren por su naturaleza y trascendencia en la vida de las personas y que, hasta ahora, no contaban con esa posibilidad.
Además, dijo, se regulan medidas de mayor rigor para hacer cumplir las decisiones judiciales mediante conminaciones personales y económicas.
En torno al anteproyecto de Ley del Proceso Administrativo, Remigio Ferro enfatizó en que «se trata de la propuesta más novedosa y la que de manera más intensa impacta en los derechos y garantías de la ciudadanía frente a la administración».
De acuerdo con la propuesta de norma, se podrá reclamar contra decisiones administrativas u omisiones de directivos, funcionarios o empleados, en el ámbito de sus funciones; y el propósito de las reclamaciones podrá ser la rectificación de actos o decisiones, o la reparación de los daños y perjuicios que la administración pública cause con su actuación.
Como requisito para acudir al tribunal, detalló, primero es necesario agotar la vía administrativa, al tiempo que se especifican las cuestiones que no se podrán reclamar como, por ejemplo, las de índole militar, defensa nacional y seguridad del Estado.
Respecto al anteproyecto de Ley del Código Penal, Rubén Remigio destacó el desarrollo de derechos y garantías constitucionales como defensa, inmediación, imparcialidad, concentración y presunción de inocencia.
De igual modo, agregó, se refuerza el juicio oral, público y contradictorio, al tiempo que se introducen vías para la solución de los conflictos por métodos alternos.
En materia de garantías, el imputado, a partir de conocer de qué se le acusa, tiene derecho a designar abogado, proponer pruebas, examinar el expediente, y participar en diligencias y acciones de investigación. Asimismo, se crean reglas de procedimiento para juzgar a los menores de 18 años de edad, como informar inmediatamente de su detención a sus padres o representantes legales y tener asistencia letrada, designada o de oficio, desde el inicio.
Otra novedad, resaltó el Presidente del tsp, es el fortalecimiento de la protección de las víctimas, quienes, al ser reconocidas como parte, tienen derecho, entre otros elementos, a nombrar abogado, asistir como ayudante del fiscal y ejercitar la acción civil o renunciarla.
Por último, el anteproyecto de Ley de los Tribunales de Justicia, precisó Remigio Ferro, consolida la institucionalidad del país, en concordancia con lo dispuesto en la Carta Magna, y refuerza a la justicia como servicio público.
Entre otros temas de relevancia, la propuesta contempla la creación de órganos territoriales para conocer de materias o asuntos determinados y, en cuanto a los jueces legos, se regula con mayor objetividad su participación, sin que intervengan en todos los casos.
LOS DIPUTADOS EN PLENO EJERCICIO LEGISLATIVO
Alrededor de una veintena de intervenciones realizaron los diputados referidas a los cuatro anteproyectos, lo que evidencia su activa participación en la actividad legislativa del país y en la búsqueda del consenso en torno a todas las normas que se aprueben.
La diputada santiaguera Mariucha Eduviges Lenzano Pascual, con un papel protagónico en el debate, pidió que se agregara, en el nombre de la Ley de los Tribunales de Justicia, la palabra «populares», por lo que significa en el contexto cubano.
Y, sobre la propuesta de Código Penal, entre otras observaciones, llamó la atención respecto a la importancia de permitir la asistencia en el juicio oral de los jueces intermedios. En ese sentido, el profesor de la Universidad de La Habana, Juan Mendoza, explicó que se trata de una práctica internacional que busca la imparcialidad de quienes intervienen en los procesos.
No obstante, añadió Remigio Ferro, se trata de un tema que suscita opiniones diversas y puede continuar examinándose.
Los diputados santiagueros también coincidieron en la necesidad de unificar los términos que emplean las normas, relacionados con los tiempos de los procesos, como «plazo prudencial», «razonable», «adecuado».
Sobre este particular, Homero Acosta acotó que, en determinadas ocasiones, no se establecen plazos rígidos, pues ello depende de la naturaleza de los procesos y de su complejidad.
La ley, añadió el Presidente del tsp, da al tribunal la potestad de definir esos plazos desde su papel activo, a partir del respeto de los principios de celeridad y prontitud en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que eso también determina la calidad en la impartición de justicia.
Pavel Rodríguez, diputado por Holguín, consideró pertinente que, en la aprobación y revocación de los jueces, tanto a escala municipal como provincial, participen las estructuras de Gobierno a esos niveles, pues ello legitima aún más cualquier decisión.
Durante la jornada vespertina de este miércoles, los diputados de La Habana, reunidos en el Palacio de Convenciones, bajo el más estricto cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias, también examinaron los anteproyectos, en aras de seguir fomentando el camino de la construcción colectiva.