Las denuncias del gobierno venezolano sobre los planes de desestabilización de la derecha, Estados Unidos y su aliados, signaron el panorama de esta nación durante la semana que culmina hoy.
El pasado miércoles el presidente Nicolás Maduro denunció un ataque contra la refinería de Amuay, en el estado de Falcón, con el fin sabotear la producción de gasolina para el consumo nacional, resentida ya por el bloqueo de Washington.
Según las pesquisas preliminares, el misil disparado desde una aeronave no tripulada o una embarcación provocó la explosión en el enclave estratégico perteneciente al Centro Refinador de Paraguaná.
Durante las últimas semanas se registraron 87 ataques al sistema eléctrico de Falcón, así como a la red de suministro de agua asociada a las refinerías de Amuay y Cardón, con la intención de afectar los servicios industriales necesarios para garantizar las operaciones.
Con anterioridad el 11 de septiembre los organismos de seguridad capturaron a un ciudadano estadounidense vinculado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con armamento de guerra y material explosivo, para ejecutar acciones de sabotajes en enclaves estratégicos de la industria energética.
El mandatario responsabilizó al Gobierno de Colombia y a los servicios de inteligencia norteamericanos de ser los promotores del ataque, con el fin de limitar el suministro de combustible para desestabilizar al país, y denunció las conspiraciones permanentes de la extrema derecha, ‘avalada, financiada y promovida por el gobierno estadounidense con la complicidad de varios países de Europa’.
Alertó que España va camino a convertirse en el epicentro de los planes conspirativos contra la paz y la democracia del país sudamericano, tras recibir al opositor Leopoldo López, prófugo de la justicia venezolana y artífice principal de varias operaciones golpistas.
Mientras, el fiscal general, Tarek William Saab, develó una trama de financiamiento a organizaciones políticas de la oposición para llevar a cabo acciones de violencia con fines desestabilizadores.
En declaraciones a la prensa ofreció detalles sobre la imputación del dirigente de Voluntad Popular Roland Carreño por la presunta comisión de delitos de conspiración, financiamiento al terrorismo y tráfico de armas.
Las investigaciones vincularon a Carreño con la distribución entre varios partidos políticos de ocho millones 500 mil dólares entregados por la Fundación Simón Bolívar de la empresa Citgo, sucursal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos.