Un total de 82 personas que habían participado en ocho salidas ilegales de Cuba fueron devueltas este martes a las autoridades del país, por parte del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, en correspondencia con lo establecido en los acuerdos migratorios vigentes entre ambas naciones.
Una nota del Ministerio cubano del Interior (Minint), publicada en su sitio web, indica que la devolución se realizó por el Puerto de Orozco, ubicado en Mariel, Artemisa, y con ella suman 313 las personas regresadas a la nación antillana en lo que va de año.
Las 82 personas devueltas en esta ocasión salieron ilegalmente del país por vía marítima, entre finales de mayo y el 3 de junio, utilizando medios rústicos y sin las más elementales condiciones de navegación ni de seguridad, refiere la información.
Añade que en algunos casos se trasladaban alrededor de 31 o 23 individuos en un solo artefacto, sin medios de salvamento ni de aviso para casos de emergencia, e incluso algunos habían participado en el robo de una embarcación Lista Quinta, vinculada a la Base de Pesca Deportiva de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque.
Indagaciones iniciales comprobaron que cuatro de las salidas se habían producido por Artemisa, y una respectivamente desde La Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa Clara.
El gobierno cubano ha insistido en la necesidad del cumplimiento estricto de la Declaración Conjunta Cuba-Estados Unidos sobre temas migratorios, del 12 de enero de 2017, la cual rubricó el compromiso bilateral en la prevención a la migración irregular y en impedir las salidas ilegales y riesgosas de la Isla, que ponen en peligro la vida humana.
Asimismo, este acuerdo se propone luchar contra los actos de violencia relacionados con esa migración, desalentar resueltamente los actos ilícitos vinculados con ella y promover la cooperación bilateral eficaz para prevenir y procesar el tráfico de personas y delitos asociados.
En correspondencia, Cuba ha reiterado y defendido la migración regular, segura y ordenada, y la necesidad de que la parte estadounidense cumpla con el compromiso de garantizar la migración legal desde la nación antillana, con un mínimo de 20 mil personas anuales, concluye la nota.