En la jornada de este martes, y a través de videoconferencia desde el Capitolio, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, de todas las provincias del país, con excepción de La Habana, pusieron bajo su lupa, como representantes del pueblo, el proyecto de Código de las Familias, conscientes de que es perfectible, aun cuando es superior al vigente y constituye expresión de la diversidad familiar propia de una sociedad plural.
Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, presentó a los parlamentarios el nuevo documento legal que, con un sello de identidad cubano y una dimensión latinoamericana, se basa en paradigmas como la no discriminación, la igualdad y la dignidad humana, y en lo más alto de los valores familiares.
Con la presencia de José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Silvera Martínez enfatizó en el carácter educativo y pedagógico del texto normativo, y lo calificó nuevamente como un código de sumas y multiplicaciones, de alternativas y opciones.
El doctor Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, recordó que el proyecto obedece a los mandatos constitucionales y bebe de experiencias como las de la Federación de Mujeres Cubanas (fmc) en el tema de la protección a la niñez y la adolescencia, y contra la violencia familiar.
Detalló, entre sus novedades, la no distinción de género entre los miembros de la pareja, lo que supone un respeto y una cultura de derechos humanos, pues no es posible establecer sobre esa base la privación o disposición de las personas de una alternativa determinada.
Con la participación también de la presidenta de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer, Arelys Santana Bello, la mayoría de las opiniones de los diputados se centraron en los tratamientos que da el texto legal a asuntos como la protección de la alimentación del concebido, el derecho de la mujer a la reproducción, y la adopción, entre otros.
Se ha dicho, afirmó Silvera Martínez, que este código es el resultado del aporte de todos, y así lo va a corroborar la consulta popular, pues de la versión 22 a la 23, a partir de la consulta especializada, solo se mantuvieron 192 artículos; el resto, que es la mayoría, fue modificado.
OTROS PROYECTOS EN DEBATE
En otro orden, Ibis María Menéndez Cuesta, subdirectora general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Instituto de Planificación Física, presentó el proyecto de la Ley del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, al que los diputados también dedicaron espacio para el debate.
Al respecto, la especialista aclaró que se define la acción de urbanizar, como la capacidad de las personas jurídicas de preparar y dotar al suelo de las condiciones mínimas para su utilización, y la acción de edificar, que es la capacidad de las personas naturales y jurídicas, según corresponda, de utilizar y construir en un suelo determinado.
Cualquier caso, lo explicitan las normas, se concede a través de la aprobación definitiva del permiso de construcción, y cuando se incumplen las regulaciones urbanísticas y condicionales establecidas en el permiso de construcción, se procede conforme con la legislación vigente.
Esta norma, aunque de gran tecnicismo, generó opiniones, y la mayoría versó sobre la importancia de la autonomía municipal y de instancias territoriales, así como de revisar las decisiones que se le atribuyen al gobernador, que podrían quedar bajo las funciones de autoridades municipales.
En otro momento de la jornada, con la participación de la vicepresidenta del legislativo cubano, Ana María Mari Machado, se abundó acerca del proyecto de Ley de tribunales militares, presentado por la primer coronel Esther Libia González Río, segunda jefa de la Dirección de Tribunales Militares. Varios de los diputados coincidieron en el avance que significa esta normativa, y consideraron los beneficios que traerá para impartir mejor la justicia, en consonancia con los valores y principios necesarios en la esfera militar.
Sobre el proyecto de Ley del proceso penal militar, explicado por el teniente coronel Fernando Guerra Díaz, magistrado de la sala de lo militar del Tribunal Supremo Popular, se constató que, además de asumir novedosas maneras de investigar y enjuiciar los delitos, garantiza la salvaguarda del funcionamiento de las instituciones armadas del Estado, tributa al fortalecimiento del orden y la disciplina militar, a la capacidad combativa y al enfrentamiento de las conductas transgresoras.