El Gobierno de Perú anuncia la paralización de todas las actividades de Repsol en el mar hasta que la empresa otorgue «garantías técnicas»

El ministro de Ambiente de Perú, Rubén Ramírez, en rueda de prensa en Lima, el 31 de enero de 2022.Foto: Ministerio del Ambiente
El ministro de Ambiente de Perú, Rubén Ramírez, en rueda de prensa en Lima, el 31 de enero de 2022.Foto: Ministerio del Ambiente

El ministro de Ambiente de Perú, Rubén Ramírez, anunció este lunes la paralización total de todas las actividades de carga y descarga de petróleo en el mar por parte de Repsol, la multinacional que está siendo investigada por el derrame de crudo en Ventanilla, el pasado 15 de enero. 

De acuerdo a lo detallado por el funcionario en rueda de prensa, la suspensión durará hasta que ofrezca garantías técnicas de que no se va a producir otro derrame«. 

Además, Ramírez afirmó que la compañía «no ha evidenciado acciones claras de limpieza«.

📢 @RubenJ_Ramirez_ anuncia la «paralización de todas las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar peruano, de parte de Repsol, hasta que ofrezca garantías técnicas de que no se va a producir otro derrame; además no ha evidenciado acciones claras de limpieza». pic.twitter.com/EKwm7J5R1l— Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) January 31, 2022

«Repsol no ha dado la confianza de que pueda afrontar un nuevo derrame en las otras 3 millas de descarga y carga de hidrocarburos que vienen operando en el mar», afirmó el titular de la cartera de Ambiente.

Asimismo, el ministerio dictó, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), «12 medidas administrativas orientadas a colocar barreras y desarrollar acciones de recuperación» del mar y las costas afectadas.

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El vertido de unos 11.900 barriles de crudo se produjo en la costa del norte de Lima, y fue calificado como «desastre ecológico» por el Gobierno. 

El incidente ocurrió mientras el buque tanque ‘Mare Doricum’, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla, administrada por Repsol.

Mientras investiga los hechos, la fiscalía peruana ha solicitado a la justicia que prohíba salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera con sede en Madrid, España, medida que fue aceptada por el Poder Judicial.