Una nueva resolución del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), la número 393/2021, publicada el 29 de septiembre en la Gaceta Oficial No. 83, ofrece mayores beneficios a los trabajadores cubanos en materia de la distribución de utilidades y su pago anticipado, al modificarse algunos procedimientos ante el reclamo de colectivos laborales.
De su flexibilización y alcance abundaron, en conferencia de prensa en la sede del mencionado organismo, en la capital, su viceministro primero, Vladimir Regueiro Ale, y José Antonio Pérez, miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), quienes subrayaron que la medida posibilita continuar avanzando en el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista.
Ante una auditoría al sistema del control interno de alguna entidad, que reciba calificación de Deficiente o Mal, o la imposibilidad de una acción de recontrol de esta, se ha decidido no afectar a todo el colectivo a los efectos de la distribución de utilidades y su pago, es decir, a quienes no son responsables de los problemas señalados en tales inspecciones, explicó el vicetitular primero del MFP.
Otra acción positiva como resultado del aumento de la producción de bienes, servicios y niveles de eficiencia, es el incremento del monto a distribuir, de hasta un 50% correspondiente al segundo trimestre del presente año, cuando lo permitido era de hasta el 30% después de impuestos del potencial que a la empresa le corresponde distribuir en el proceso de pago anticipado de utilidades a los trabajadores.
Regueiro Ale explicó que si bien se pretende fortalecer el control interno y la contabilidad en los centros, y hacerla transparente, lo más significativo radica en que esos colectivos se sientan motivados a brindar más bienes y servicios en beneficio de la población y del país, pues de tales resultados depende que aumenten sus ingresos, aunque tampoco este es el único destino.
Subrayó que sin limitar los montos salariales las administraciones deben tener en cuenta, con el visto bueno del sindicato y del colectivo, el aporte al Presupuesto del Estado y las utilidades destinadas a crear un fondo o ampliar el capital propio para diversas actividades, a liquidar deudas, a construir y reparar viviendas de los trabajadores, a inversiones, a la innovación tecnológica o a la capacitación, por citar algunos.
José Antonio Pérez manifestó la preocupación o inquietud de algunos centros laborales de que las distribución de las utilidades no fuera posible allí donde debido a la COVID-19 y al recrudecimiento del bloqueo los niveles de actividad económica se han reducido, o como también camino a la creación de nuevos actores desprendidos de las propias empresas, entre estas las Mipymes.
Hay que propiciar una mayor participación de los trabajadores en las decisiones a nivel de empresas, en los reglamentos que se aprueben, y así ha de aparecer en los convenios colectivos, expresó el también jefe del Departamento Económico de la CTC en el país, al referirse a cuán beneficioso resulta que se haya ampliado hasta un 50 por ciento el fondo de utilidades, incluso su pago al final del trimestre, pero sobre la base de la eficiencia.
Afirmó que a su vez se requiere una rendición de cuenta de los gastos, sobre todo en esas empresas con más de un 30 por ciento de personal indirecto a la producción, y consideró que precisamente la principal traba está hoy en que no están aplicando las facultades que se les han otorgado en aras de su perfeccionamiento y autonomía, pues hay lugares donde el cambio de mentalidad no ha llegado aún y se requiere un uso racional de los recursos.
Según Pérez, mientras más ingresos mayores aportes a ese presupuesto destinado a asegurar las actividades económicas y sociales del país, por lo cual vemos como el principal reto que los trabajadores comprendan la necesidad de lograr la anhelada eficiencia pues hay un marcado interés en ganar más y no en producir bienes para satisfacer las necesidades de la población, acotó.
El dirigente sindical señaló que hoy se requiere elevar los niveles de capacitación o de preparación de los trabajadores en aras de alcanzar una cultura económica y jurídica, que posibilite interpretar y cumplir las normas que acompañan o amparan los procesos productivos, las transformaciones en la economía cubana, mucho más cuando en un territorio convergen diversos actores económicos.