Aunque los temas debatidos durante toda la jornada de viernes en la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, se relacionaron con los altos precios, fue en la tarde que se analizó con mayor profundidad la efectividad de las medidas adoptadas para el control de este problema que hoy afecta a la economía cubana.
Al intervenir ante el plenario, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, abordó los factores objetivos que determinan el escenario inflacionario en que se desarrolla la economía cubana en los últimos años. Entre ellos destacó el alza de los precios en el mercado mundial derivado de las secuelas de la pandemia COVID-19 y las afectaciones al comercio exterior como consecuencia de los conflictos bélicos internacionales, contexto agravado por los impactos del recrudecimiento del bloqueo de EEUU sobre Cuba.
Señaló Regueiro Ale que al cierre de 2022 el índice de precios al consumidor registró un incremento del 39 %, tendencia que se mantuvo durante el primer semestre del año en curso. Las soluciones para este negativo fenómeno se encauzan a través del Programa de Estabilización Macroeconómica, el cual busca la reducción gradual de estas distorsiones en correspondencia con la evolución de la economía.
El titular de Finanzas y Precios aseguró que el incremento y diversificación de las producciones y ofertas nacionales continúa siendo la variable más efectiva para reducir los actuales niveles de precios, sin embargo en el contexto actual cobra mayor relevancia la responsabilidad del Estado y el Gobierno en la implementación de medidas de regulación y control, que contemplen a todos los sectores de la economía.
Para el aseguramiento de dicho objetivo fueron emitidas orientaciones específicas a ministerios, gobiernos provinciales y municipales, además de grupos empresariales. Se destacan entre ellas la regulación de precios para una determinada nomenclatura de productos y su concertación con los diferentes actores económicos; la aprobación de bonificaciones de los impuestos sobre ventas y servicios cuando se alcance una reducción estable de los precios; y el control y exigencia a las entidades comercializadoras para ajustar sus márgenes comerciales a los límites establecidos.
No obstante, explicó, la evaluación de la aplicación de estas medidas muestra que los resultados alcanzados, así como su impacto en la población, son insuficientes. En ello incide que los sistemas de trabajo aplicados en municipios y provincias, no están todavía consolidados; falta objetividad en la concertación de precios agropecuarios y de otros productos; el sistema de enfrentamiento a las violaciones de precios no es sistemático ni efectivo; y la divulgación de los precios que se concertan, así como de las acciones de enfrentamiento a su violación es escasa.
Informó el Ministro que para enfrentar estas deficiencias fue emitida la resolución 148/2023 “Metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas”. Valoró que «su implementación debe contribuir a una mayor transparencia de los niveles de costos y gastos, lo que creará mejores condiciones para la concertación por los gobiernos locales de precios racionales con los diferentes actores económicos».
El titular de Finanzas y Precios apuntó que si bien esta Metodología constituye un avance en el orden normativo, su alcance se circunscribe básicamente a las actividades productivas y de servicios, no así al comercio, donde reside una de las mayores insatisfacciones de la población en relación con los altos precios.
El Ministro expresó que aun cuando estas medidas están diseñadas para regular y controlar los precios, por sí mismas no constituyen la solución del problema. Reiteró que en la generación de mayores capacidades productivas para incrementar las ofertas de bienes y servicios, reside la mayor posibilidad de revertir una situación que genera tanta insatisfacción entre los cubanos.
Regueiro Ale informó que las acciones en función de la regulación y control de precios deben centrarse en lo inmediato en los siguientes puntos:
1. Fortalecer a nivel de Gobiernos locales el sistema de trabajo para el seguimiento y control de los precios, para todos los sectores de la economía, estatal y no estatal.
2. Consolidar el mecanismo de concertación de precios de productos de impacto en la población. Con base en el estudio integral del proceso de producción-comercialización.
3. Desplegar un amplio proceso de capacitación y preparación de las instituciones y actores económicos que asegure la implementación de la metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas, en correspondencia con el cronograma aprobado.
4. Elaborar, aprobar e implementar la regulación general sobre índices máximos para la formación de precios en la actividad comercial que desarrollan las formas de gestión no estatal con base en la importación.
5. Incrementar las acciones de monitoreo y control sobre los precios, a partir del fortalecimiento de los equipos institucionales de inspección y verificación, y del control popular, con mayor implicación de los estudiantes y la población en general.
6. Intensificar por el Ministerio de Finanzas y Precios y su sistema el programa de verificación del ejercicio de las facultades de aprobación de precios, descentralizadas a organismos, órganos y entidades empresariales.
7. Perfeccionar el sistema de información sobre las decisiones de precios concertados y sobre los resultados de las acciones de control y enfrentamiento a las violaciones de precios.
A debate un tema serio y sensible
Felix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, consideró que este uno de los problemas más acuciantes para el pueblo, que demanda la mayor prioridad. «Este tema de la concertación y regulación de precios no se aplica como plantea el decreto 35 dictado por el Primer Ministro. En varios municipios visitados existe desconocimiento sobre esta herramienta de trabajo, además que tanto la producción agropecuaria como la comercialización son desarrolladas en su mayoría por actores privados.
Martínez Suárez refirió que se ha identificado que nuevos actores económicos se dedican a importar productos terminados y luego venden a precios abusivos, en su mayoría productos de gran demanda para la población, luego no aceptan pagos por transferencia para que no quede evidencias que incrementen sus contribuciones.
El Presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, indagó por el cumplimiento de las medidas adoptadas durante el presente año e insistió en que no se debe seguir aprobando nuevas cuando son bajos los niveles de cumplimiento de las que ya están en vigor.
Las máximas autoridades gubernamentales de varias provincias explicaron las experiencias de sus respectivos territorios para enfrentar el negativo fenómeno. El gobernador matancero, Mario Sabines Lorenzo, definió los retos en relación al flagelo, el primero de ellos, calcular los precios en base a la resolución 148, el segundo, ser sistemáticos en la ampliación de las ofertas de bienes y servicios y tercero, seguir identificando a las familias vulnerables y propiciando la ayuda.
Por su parte el gobernador de Mayabeque, Manuel Aguiar Lamas, subrayó la importancia de que los productores comercialicen directamente. Explicó cómo de conjunto con las autoridades de Artemisa y La Habana, concertan los precios a través de la ficha de costo y establecen márgenes de utilidades que sean admisibles.
Por su parte el gobernador, Alexander Corona Díaz, enfatizó que en Cienfuegos se trata de buscar todas las vías posibles de comercializar las producciones de manera mayorista y centralizada, mientras que la máxima autoridad de Gobierno en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, dijo que ahora lo que corresponde es enfrentar intergralmente los altos precios, controlar el cumplimiento de las medidas. Sobre las acciones que en su territorio han tenido impacto contó sobre productos que son liberados pero que han normado, sobre la realización sistemática de ferias agropecuarias y de la vinculación de sectores sociales y obreros a trabajados voluntarios en los polos productivos.
En Sancti Spíritus, afirmó su gobernador, Alexis Llorente, se trabaja con dos premisas fundamentales: la atención directa a los productores y el intercambio en la base, buscando soluciones y alternativas.
El diputado, Ian Pedro Carbonell, reflexionó en torno a que todas las aspiraciones de disminuir los precios conllevan a una atención al déficit fiscal. Más allá de aumentar la producción, de aplicar y controlar el cumplimientos de resoluciones y decretos leyes se demanda de un programa de estabilización macroeconómica.
A propuesta del Presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, los diputados aprobaron el informe y las recomendaciones sobre un tema «serio y sensible», como le calificó el también Presidente del Consejo de Estado.