La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que el propósito de la investigación es determinar si la integridad de alguno de los servicios provistos por BDO se vieron afectados por actividades fraudulentas o ilegales de su socio y presidente Fernando Scherrer.
Como parte de la batida anticorrupción, fueron arrestados el 10 de julio último Scherrer, la exsecretaria de Educación Julia Keleher; la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila; el contratista de BDO Alberto Velázquez Piñol, y las hermanas Glenda Ponce Mendoza, exayudante especial de Keleher, y Mayra Ponce Mendoza, dueña de la empresa Colón & Ponce.
‘Visibilidad y rendimiento de cuentas con respecto a los fondos públicos son esenciales para la buena gobernanza, (por lo que) el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber cómo y dónde se invierte su dinero’, dijo Jaresko.
Agregó que si en efecto los servicios provistos por BDO Puerto Rico y sus afiliados estuvieron comprometidos, la ciudadanía merece saberlo, aunque cualquier determinación final de índole legal estará a cargo de las autoridades correspondientes.
Un portavoz de la JSF, organismo impuesto por Washington al gobierno de Puerto Rico para garantizar el pago de la deuda pública de sobre 73 mil millones de dólares, anticipó que será ejercida plenamente su autoridad para recibir la cooperación de las agencias y organismos públicos del país, pues de lo contrario acudirán a los tribunales con ese fin.